Nicolás Gabriel Carrizo, el cuarto detenido de la causa en la que se investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, negó ayer haber participado en la organización del ataque y aseguró que los mensajes incriminatorios detectados en su teléfono celular fueron disparados como una broma a un familiar.
En el teléfono de Carrizo se habían encontrado mensajes en los que rezongaba por cómo había salido el atentado, aseguraba el ataque debió haberse realizado en otro momento y hasta se preguntaba si el arma empleada era la que el supuestamente le había entregado a los atacantes. En ese intercambio de mensajes el imputado y su interlocutora discuten sobre si el arma que utilizó atacante fue la calibre 22 que él le habría provisto y finalmente concluyen que no.
Los investigadores sospechan que esa pistola pudo haber sido descartada por Carrizo y la procesada Brenda Uliarte después del hecho. Ayer, sin embargo, declaró durante tres horas y solo respondió preguntas de su abogado defensor, Gastón Marano, con el objetivo de desentenderse de los hechos y asegurar que esos mensajes son parte de un diálogo «en broma» con una familiar a la que le atribuyó ideología filokirchnerista.
En toda su exposición, en la que se negó a responder preguntas de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rivolo, Carrizo buscó despegarse del ataque perpetrado el pasado 1 de septiembre contra la exmandataria.
Sobre el mensaje en el que se quejaba por el fracaso de la maniobra para matar a Fernández de Kirchner, el imputado declaró que se trataba de una «broma» que le estaba haciendo a una pariente cercana y consideró que los investigadores lo sacaron de contexto, por lo que solicitó que esa persona sea citada a declarar en calidad de testigo.
En un momento de su declaración, Carrizo rompió en llanto y aseguró que conoció a los procesados Fernando Sabag Montiel y a Uliarte en una fiesta hace tres meses y que el hombre que quiso asesinar a la Vicepresidenta le dijo que estaba sin trabajo, por lo que le ofreció sumarse a su emprendimiento de producción y venta de copos de azúcar. En ese contexto, afirmó que no conoce los recorridos que hacen los vendedores a los que provee de los copos para vender y sostuvo que cada uno sale a ofrecer el producto y luego le pagaban una suerte de canon.
Además, sostuvo que salió a defender a Uliarte en una entrevista con el programa televisivo Telefé Noticias porque ella les dijo a los vendedores de copos de nieve que había recibido amenazas, pero señaló que luego de enterarse de que podía tener vinculación con el ataque a la Vicepresidenta fueron a presentarse ante la Policía para que se los considerara como testigos.
Carrizo aseguró, además, que el 27 de agosto pasado no estuvo en la zona donde vive la Vicepresidenta y añadió que por ese entonces desconocía el lugar en el cual estaba la casa de la exmandatria, a la vez que aseguró que no sabía de la preparación de un atentado antes de que se concretara este intento fallido.
A Carrizo se le imputó el haber participado junto con Sabag Montiel, Uliarte y Agustina Mariel Diaz, en la planificación del intento premeditado de dar muerte a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner.
También se le endilgó el haber aportado un arma de fuego tipo pistola calibre .22 corto, distinta a la que finalmente se utilizó en el ataque fallido, según se pudo de fuentes judiciales que explicaron que esa información salió de los mensajes hallados en el celular del acusado.
Carrizo, quien se hizo conocido como el jefe del grupo de supuestos vendedores de copos de azúcar, fue detenido el último miércoles por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti y ayer por la mañana lo trasladaron a los tribunales federales del barrio porteño de Retiro para tomarle declaración indagatoria.
La indagatoria estaba prevista para realizarse por la mañana, cerca de las 10, pero los tiempos se fueron estirando porque durante la jornada se incorporó prueba al expediente y su defensa necesitaba compulsarla antes llevar a delante la indagatoria: se trataría de más de 100 fojas con el informe global del análisis del celular de Carrizo.
Ayer por la mañana, el abogado defensor de Carrizo, Marano, sostuvo que su cliente «no es un asesino» y reveló que el jueves por la noche ya había solicitado su excarcelación, pedido que sería resuelto recién una vez que concluya la indagatoria.
«No tenía ninguna idea de la intención criminal de las dos personas procesadas», afirmó el abogado Marano en declaraciones a la prensa al arribar a los tribunales federales de Retiro. Para ese entonces ya había mantenido una entrevista con su cliente pero no había revisado toda la prueba de cargo en su contra.
Antes de la indagatoria, el abogado de Carrizo había pedido que se decretara la nulidad de la prueba obtenida en su celular porque lo había aportado de manera voluntaria y en calidad de testigo, planteo que el fiscal Rívolo solicitó que sea rechazado.
«Como ya se dijo, había razones para requisar el celular, ya que las conversaciones de Carrizo con Uliarte y los grupos de WhatsApp que compartía con Sabag Montiel eran de investigación para la pesquisa. Por eso, si Carrizo se hubiera negado a aportar su teléfono celular, la jueza podría haber ordenado el secuestro y posterior peritaje, incluso siendo Carrizo un testigo y no un imputado (como lo era hasta aquel momento)», explicó el fiscal en el dictamen.
Carrizo es el cuarto detenido en la causa y la jueza debe definir aún la situación procesal de Agustina Díaz, quien ya fue indagada a raíz de los mensajes que intercambió con su amiga de la escuela y detenida Uliarte, con quien hablaba sobre la idea de matar a la vicepresidenta.
El jueves, la jueza Capuchetti procesó con prisión preventiva a Sabag Montiel y a Uliarte como «coautores» del delito «tentativa de homicidio calificado», por haber intentado asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1 de septiembre en la puerta de su casa en el barrio porteño de Recoleta, informaron fuentes judiciales.
La jueza los imputó por el ataque de ese día, concretado cerca de las 21, cuando la exmandataria saludaba a los manifestantes que fueron a expresarle su apoyo al edificio ubicado en el cruce de las calles Juncal y Uruguay de la ciudad de Buenos Aires.
La magistrada entendió que el delito que les endilgó a ambos imputados está «agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas» y que el plan criminal se venía pergeñando al menos desde el 22 de abril, según surge del fallo de 96 páginas al que accedió esta agencia.
Sabag Montiel (35) es el hombre que le apuntó a la cabeza (y gatilló) a la dos veces expresidenta con una pistola Bersa calibre 32 que tenía cinco balas en el cargador, mientras Uliarte (23) es su pareja y aparece en la investigación como quien planificó el ataque junto al agresor, de acuerdo con la resolución.
