Un empresario de la construcción declaró este martes ante el Tribunal Oral Federal 7, durante una nueva audiencia del juicio Causa Cuadernos, sobre los mecanismos de coimas durante la era kirchnerista.
El testigo Fernando Palluchini, socio de la firma sanjuanina Mapal, reveló que la empresa enfrentó 200 días de demora en el cobro de certificados por negarse a abonar sobornos al gobierno nacional. Su testimonio ratifica el funcionamiento de la red de retornos investigada en el tramo conocido como la «camarita».
Los detalles de la causa
La causa a cargo de los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli analiza el esquema institucionalizado de cartelización en la obra pública civil y vial. En este tramo específico de la investigación, la ex presidenta Cristina Kirchner acumula 191 procesamientos por cohecho pasivo en contratos viales, dentro de un total de 51 procesados y 126 imputados.
Según la acusación impulsada por la fiscal general Fabiana León, la red exigía a las empresas contratistas la entrega de un 10% de retorno sobre el valor total de cada contrato. En las licitaciones con anticipo financiero del 20%, la organización requería la devolución inmediata de la mitad de ese monto en un único pago, mientras que en otros esquemas las exigencias oscilaban entre el 3% y el 5% contra certificación de avance.
Las licitaciones viales se asignaban previamente entre cuatro empresas principales que fijaban precios, mientras la diferencia del presupuesto sobrante se repartía entre las firmas integradas a la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) que pagaban el canon ilegal.
El testimonio de Palluchini
Fernando Palluchini se presentó como testigo luego de resultar sobreseído en 2018, cuando demostró contablemente que figuraba de forma errónea en una lista de supuestos aportantes presentada por el financista Ernesto Clarens.
«Llegamos a estar 200 días sin cobrar los certificados de obras realizadas», declaró Palluchini ante el tribunal, donde explicó que otras compañías cobraban con normalidad. «Si uno integraba la camarita (por la CAC) y aportaba el dinero que ellos pedían, que era un retorno, te agilizaban el pago de certificado», añadió el testigo.
El empresario describió los infructuosos reclamos administrativos ante la Dirección Nacional de Vialidad y las exigencias que recibían para normalizar los desembolsos.
«La forma de cobrarlo es que te pongas con lo que hay que poner, y así se destraba», fue el mensaje transmitido por intermediarios, según expuso en su declaración testimonial.
La negativa a integrarse al circuito ilícito derivó en severas dificultades financieras y el pedido de créditos bancarios para cumplir con quincenas y proveedores.
«Nunca pusimos un centavo de lo que había que poner y así nos fue; casi nos fundimos, casi quebramos porque entregar obras a tiempo y no poder cobrarlas es muy difícil», concluyó Palluchini, quien aseguró que la compañía logró salir de la crítica situación financiera “gracias a las otras empresas” del grupo que integraba.
