Fernando Cerimedo declaró ante la Fiscalía de Bolivia que durante 2025 y 2026 tuvo ingresos cercanos a US$1 millón mensuales provenientes de actividades realizadas fuera de ese país. El exasesor de Javier Milei también reconoció que trabaja como consultor político para dirigentes de distintos países.
El empresario argentino permanece detenido en Bolivia, donde es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Además, enfrenta una acusación por intento de femicidio a raíz de un ataque contra su expareja.
Durante su declaración formal, Cerimedo explicó que posee empresas en Argentina y Estados Unidos y que una de ellas, Numen Group Inc., tiene como actividad la consultoría política. También mencionó una firma de publicidad radicada en Argentina, una academia de tecnología y una productora audiovisual.
Los ingresos y las empresas
Ante la consulta de los investigadores sobre sus ingresos, Cerimedo aseguró que durante 2025 percibió aproximadamente US$1 millón por mes y que sus ingresos durante 2026 fueron similares, aunque aclaró que correspondían a actividades y empresas radicadas fuera de Bolivia.
El consultor afirmó que posee cuentas bancarias en Argentina y Estados Unidos, pero negó tener cuentas en Bolivia. También sostuvo que no posee inversiones, sociedades, propiedades ni activos registrados a nombre de terceros.
Según su declaración, Numen Group Inc., creada en Estados Unidos en 2021, es de su propiedad exclusiva. En otras empresas, en cambio, comparte la titularidad con su esposa, Natalia Basil.
La Fiscalía boliviana sostiene que el patrimonio de Cerimedo aumentó de manera desproporcionada durante 2025 y 2026 sin una justificación suficiente. En el marco de la investigación se realizaron allanamientos en los que fueron secuestrados documentación, un arma de fuego, el título de propiedad de una vivienda y un automóvil.
Más de 150 preguntas sin respuesta
Los investigadores también indagaron sobre el vínculo de Cerimedo con el presidente boliviano Rodrigo Paz, a quien reconoció haber asesorado durante la campaña electoral de 2025.
El exasesor afirmó que trabajó como consultor político y que brindó consejos de comunicación digital al mandatario. Sin embargo, dijo no recordar quién lo había contactado con Paz ni quién financiaba sus actividades en Bolivia.
La declaración incluyó 219 preguntas relacionadas con su eventual participación en decisiones del Gobierno, la elaboración de discursos, proyectos de ley, decretos, asuntos económicos y el manejo de las redes sociales presidenciales.
Cerimedo se negó a responder más de 150 de esas preguntas. Ante las consultas sobre su acceso a funcionarios, ministros y al propio presidente, respondió reiteradamente que los interrogantes “no tienen nada que ver con el caso” por el que se encontraba detenido.
Hacia el final de la audiencia, sostuvo que su detención formaba parte de un supuesto “intento de golpe de Estado” destinado a desestabilizar al Gobierno de Rodrigo Paz y anticipó que podría iniciar acciones legales en Bolivia y ante tribunales internacionales.
Nota publicada en La Nación. Por Hugo Alconada Mon.
