La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, cuestionó esta tarde a la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, por «mentir» en relación a las visitas que le realizó a condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en el penal de Marcos Paz, y remarcó que es un «deber exponer» esos hechos para «defender» a la democracia.
La declaración de Cerruti se refiere a una nota publicada en el portal El Destape, en la cual se consignan las visita que Villarruel realizó a varios genocidas entre 2014 y 2016, lo que pone en contradicción las aseveraciones vertidas por la postulante de LLA durante el debate de candidatos vicepresidenciales que se llevó a cabo la semana pasada en el canal TN.
El jefe de Gabinete y aspirante a la vicepresidencia por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, le recordó a la diputada nacional durante un intercambio sus visitas a genocidas condenados, entre ellos Jorge Rafael Videla, algo que la abogada justificó al decir que frecuentó al exdictador con el propósito de escribir un libro sobre los procesos de lesa humanidad que se tituló «Los llaman los jóvenes idealistas», que se publicó en 2009.
«¿Qué hacía Villarruel visitando a los genocidas? La candidata a vicepresidenta realizó visitas a los represores de la última dictadura militar durante 2014 y 2016 justificando que eran para su libro. El libro se publicó en 2009 y las visitas a los genocidas fueron en 2014 y 2016», escribió Cerruti en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (ex Twitter), que fue republicado por el presidente Alberto Fernánez.
En el hilo que publica en X, la funcionaria postea la nota que publicó El Destape y recuerda «para que no queden dudas», que Villarruel publicó otro libro en 2014, denominado «Los otros muertos», pero en el texto periodístico se consigna que la mayoría de las visitas realizadas por la letrada a los condenados por crímenes contra la humanidad se efectuaron en 2016.
Cerruti destacó que «a la democracia se la defiende, y cuando gente como Victoria Villarruel cree que puede visitar a los genocidas y mentir al respecto es nuestro deber exponerlo».
«La democracia la construimos entre todos, vamos a decir una vez más y siempre: NuncaMás», agregó.
En tanto, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) repudiaron «las expresiones de apología y de negación del terrorismo de Estado».
«Pensamos que la responsabilidad penal de los perpetradores del genocidio están debidamente tramitadas en el Poder Judicial y tienen el apoyo de la inmensa mayoría de la sociedad argentina», dijo a Télam Guillermo Torremare, presidente de la APDH.
Al respecto, la organización agregó que «en estos tiempos electorales, es pertinente señalar que las y los candidatos que sostengan una posición negacionista, además de ser moralmente censurables, deberían estar legalmente inhabilitado para ocupar -o aspirar a ocupar- un rol en la administración del Estado».
«Eso demuestra lo que es esta mujer, que miente permanentemente. Su actitud es totalmente repudiable», señaló la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida al ser consultada por Télam.
En la información difundida por El Destape se indica que entre los represores visitados por Villarruel se encuentran Alberto González Menotti, exagente de inteligencia, integrante del Grupo de Tareas de la ESMA, condenado a perpetua; Gerardo Jorge Arráez, del área de inteligencia de Policía Federal, condenado a 25 años; el coronel retirado Héctor Girbone, exoficial de inteligencia del Ejército, condenado a 8 años por apropiación de bebés; el teniente coronel Juan Amelong, condenado a perpetua por robo de bebés, secuestros y torturas; Pedro Alberto Rodríguez, civil, condenado a 8 años y seis meses; el teniente coronel José Tadeo Bettolli, condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad en Chaco; Luis Alberto Patetta, exoficial de inteligencia, condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad también cometidos en esa provincia.
También figunran Héctor Di Pasquale, condenado por delitos de lesa humanidad en la Brigada de San Justo; Rogelio Masson Iglesias, exagente penitenciario, condenado a 14 años de prisión; y José Roberto Abba, quien estuvo detenido y acusado de crímenes de lesa humanidad que terminó absuelto por “el principio de duda”, pero que en la actualidad está acusado en el juicio «Jefatura III» que se sigue en la provincia de Tucumán.
