El oficialismo se prepara para iniciar hoy el tratamiento de la ley fundacional de la gestión de Javier Milei en un marco de alta tensión, potenciada en las últimas horas por las idas y vueltas en las negociaciones con los gobernadores, que una vez más habían sido defraudados por las contradicciones del Gobierno.
“Creemos que hay un consenso mayoritario para aprobar la ley. Además, no veo por qué no debería aprobarse”, aseveró en la tarde de ayer, luego de un día extenuante de negociaciones, el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien había quedado en el centro de la polémica con los gobernadores por haber comprometido la coparticipación del impuesto País en una reunión del lunes, algo que ayer fue desautorizado por el propio presidente Milei (ver Llaryora…).
Efectivamente, el mandatario adoptó una posición intransigente frente a los pedidos de los gobernadores “dialoguistas” al punto que sus voceros amenazaron con retirar la norma y culparlos de frenar los cambios que, según ellos, necesita la Argentina. “Hay que darle a Milei los instrumentos para que pueda llevar adelante lo que prometió durante la campaña y que fue votado por el 56% de los argentinos”, reclamó Francos, mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió públicamente que “cuando los cambios son tantos y se deforma tanto el objetivo, (la ley) ya no sirve”. “La ley se tiene que tratar ya (…). ha tenido un montón de cambios y es hora de tratarla”, agregó Bullrich.
Al atardecer de una jornada agitada, las amenazas parecieron surtir efecto, ya que tanto el bloque de la UCR y el PRO, como la Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal (HCF) salieron a confirmar que darán quórum para tratar la iniciativa, luego de intensas reuniones internas. “Hay que hacer un esfuerzo para que la ley salga”, aseveró Miguel Pichetto, jefe de HCF, que unas horas antes Milei había calificado como “bloque extorsión”. “A la hora de discutir los artículos en particular plantearemos en muchos de ellos nuestras propias visiones, disidencias o modificaciones a los mismos”, aclaró luego HCF.
Algo similar planteó líder de los radicales, Rodrigo De Loredo, quien afirmó que darán quórum para habilitar el debate e incluso acompañarán “en general” la iniciativa, aunque exigió al oficialismo que sea “una sesión razonable, sin circos romanos”. “Daremos las herramientas para que un Gobierno que recién inicia pueda llevar adelante su plan de gestión. A pesar de la desorganización con la que el Ejecutivo encaró el tratamiento, los agravios vertidos, no nos guían cuestiones personales (…). Defendemos ideas y el interés del país”, completó el cordobés. Más colaborador aún, el jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, dijo que su partido “garantizará el quórum y la votación en general” del proyecto y advirtió que el texto “no se puede modificar más de lo que ya se modificó”.
Sin embargo, la suerte de la iniciativa en la discusión de sus artículos es una gran incógnita, ya que siguen los reclamos en tres ejes: privatizaciones, delegación de facultades y la coparticipación del impuesto País. El quórum y la aprobación en general no significa que el Gobierno vaya a obtener la sanción de la norma que quiere. Lo único que se sabe es que hoy a las 10 comenzará una sesión histórica en la Cámara baja, que puede durar más de 40 horas.
