En el Foro Internacional de las Américas, Javier Milei amenazó que cualquier iniciativa opositora que venga a «romper la caja» fiscal quedará a tiro de veto.
Por si quedaban dudas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que es el ministro que lleva la conversación política con la oposición, redobló la apuesta el jueves al asegurar que si el Congreso, después de un hipotético veto, insiste con la ley de movilidad jubilatoria apelando a los dos tercios de los votos en cada una de las cámaras, habrá recortes masivos en otras áreas.
Del ministro de Economía, Luis Caputo, para abajo, el staff liberario muestra los dientes de la motosierra para amansar a la oposición.
El déficit primario cero es el preciado tesoro que el Gobierno protege con tenacidad y obstinación. En la Cámara de Diputados, Milei tiene como celoso guardián al presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, quien tras su reconciliación con el presidente se convirtió en el hombre clave de La Libertad Avanza en el Congreso.
Tiene una tarea central (si no principal): pisar los proyectos de la oposición que supongan un gasto incompatible con los objetivos del Gobierno, o por lo menos retardar su trámite lo más posible.
Así lo hizo al demorar sistemáticamente la convocatoria a su comisión para poner en vista los expedientes vinculados a la movilidad jubilatoria, presupuesto universitario y restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
El mecanismo reglamentario de emplazamiento a las comisiones para dictaminar fue el arma que utilizó la oposición para contrarrestar la estrategia dilatoria de Espert. Contra eso, nada pudo hacer «El Profe».
Fue a través del emplazamiento que la oposición pudo forzar el tratamiento de los proyectos para actualizar los haberes de las jubiladas y jubilados, muy retrasados a causa de la fórmula anterior. El costo fiscal de esta iniciativa es del 0,43% del PBI.
La insistencia opositora, en medio de las negociaciones por la Ley Bases, generó una olla a presión y el Gobierno no tuvo más remedio que ceder sacando un decreto de necesidad y urgencia que contempla una recomposición parcial de los haberes, tomando el índice de inflación como parámetro.
La fórmula del Gobierno fue considerada demasiado mezquina por la oposición, que tramó una jugada conjunta en la Cámara de Diputados para al menos restituirle a los jubilados lo perdido en enero pasado, uno de los meses de mayor disparada de precios de los últimos tiempos (el empalme entre la fórmula anterior y la establecida por decreto se había englutido ese mes de 20,6% de inflación).
A su vez, esta fórmula opositora prevé un aumento adicional en marzo de cada año en caso de que los salarios vayan por delante de la inflación.
Este artículo tiene como virtud que en caso de que la economía inicie un ciclo expansivo con recuperación de los salarios reales, se comparta con la clase pasiva una porción chica de ese crecimiento. De lo contrario, como sucede con la fórmula del decreto, se condena a los jubilados a percibir por el resto de sus días un haber congelado en uno de los niveles más bajos de la historia.
Más allá de sus características, la media sanción de la oposición es el primer desafío concreto que le plantea la oposición en su conjunto al Gobierno. Hasta este «scrum» opositor, el oficialismo había logrado aislar a Unión por la Patria, que quedó como la única oposición real junto a la izquierda. Y lo hizo mediante una estrategia de seducción que lograba contener de su lado a los bloques dialoguistas.
Por momentos, los exabruptos de Milei hacían crujir estas alianzas coyunturales, pero enseguida el ministro Francos salía como bombero a apagar el fuego y a recomponer los vínculos. En el peor de los casos, la impericia o falta de empatía del Gobierno redundaba en que los bloques dialoguistas se dividieran en las votaciones, pero sin que la sangre llegara al río. La media sanción de la Ley Bases dejó claro que Rodrigo de Loredo y Miguel Pichetto eran aliados del Gobierno.
La iniciativa de movilidad jubilatoria pone en crisis la idea de que estos bloques moderados son incondicionales al Gobierno.
Pese a las modificaciones insertadas, le dieron a Milei la media sanción de ley Bases en Diputados y están dispuestos a entregarle la aprobación definitiva cuando vuelve a la cámara de origen.
Sin embargo, no le van a tender la alfombra roja al Gobierno en el Congreso ni van a bajar todas sus banderas. En todo caso, estarán abiertos a una negociación para ceder en algunos temas y en otros no. Para Milei, esa tesitura de los «dialoguistas» es oportunista y desleal.
«El Presidente de la Nación ha demostrado de sobremanera la voluntad de cooperar con la dirigencia política recurriendo al Congreso de la Nación en búsqueda de las herramientas necesarias para salir de la crisis, y proponiendo el Pacto de Mayo para acordar Políticas de Estado con todos los actores de la vida económica y social de la Argentina», publicó el miércoles la Oficina del Presidente en un comunicado, tras la media sanción opositora en Diputados.
La crítica más furibunda de la Casa Rosada hacia la oposición vino en el párrafo siguiente: «Al día de hoy esa buena voluntad no ha sido recíproca por parte de la mayoría de la dirigencia. Han dilatado el tratamiento de la Ley Bases, han agredido sistemáticamente al gobierno nacional, y todas las semanas proponen una nueva agenda legislativa dedicada a entorpecer el programa económico de este gobierno».
En paralelo, el presidente se jactaba a viva voz de que hará lo necesario para negar esta «agenda legislativa» alternativa que legítimamente la oposición empuja en el Congreso, tal como establece el principio republicano de división de poderes.
«Les voy a vetar todo, me importa tres carajos», rugió «el León» ante un auditorio afín.
Esa «agenda legislativa» opositora que tanto le preocupa a Milei tiene que ver con proyectos que ya tienen dictamen, como la actualización bimestral automáticas de las partidas para universidades públicas de acuerdo a parámetros objetivos, y la restitución del FONID que el Gobierno le escamoteó a las provincias desde marzo de este año.
Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), este proyecto para devolverle a las provincias fondos orientados a corregir las asimetrías salariales, generará para 2024 «un gasto de $1.294.770 millones, equivalente al 0,21% del PBI si se reconoce la inflación acumulada en el ultimo trimestre de 2023 y de 0,16% del PIB si se considera solo la inflación 2024».
Si bien la UCR tiene un proyecto propio para la reposición y ajuste bimestral del FONID, similar al de otros bloques opositores, no queda claro que vaya a presionar en el corto plazo con llevar esta iniciativa al recinto.
Después de haberle asestado un sonoro revés al Gobierno, ahora estarían más inclinados a no complicar su relación con el Gobierno mientras continúan los tironeos por el texto de la Ley Bases en el Senado (que después volverá a Diputados).
Es por eso que a fin de tirar la pelota para mucho más adelante, el martes pasado el bloque de la UCR, a través de Danya Tavela, anunció en el recinto el pedido de una sesión especial para recién el miércoles 3 de julio, con el objetivo de de tratar los proyectos educativos.
En realidad, la idea de correr el arco para dentro de un mes por parte del radicalismo tiene que ver con darle tiempo al Gobierno para que lleve al plano de los hechos concretos el acuerdo de palabra que habría alcanzado con los rectores nucleados en el Consejo interuniversitario Nacional para elevar los gastos de funcionamiento en un 270%.
Unión por la Patria, por su parte, intentó infructuosamente que tanto el proyecto de financiamiento universitario como la vuelta del FONID se trataran en la sesión en que se aprobó la movilidad jubilatoria. La UCR y sus socios de la oposición dialoguista rechazaron la moción y Unión por la Patria quedó pedaleando en el aire.
