La disputa por la compra de drones para la Policía de Córdoba sumó este miércoles un nuevo y tenso capítulo. Por orden del fiscal federal Tomás Casas, personal judicial se presentó en la sede del Tribunal de Cuentas provincial con el objetivo de recabar documentación y soportes digitales vinculados al proceso de adquisición de 15 drones, una operación estimada en unos 7 millones de dólares que fue frenada por los vocales del Frente Cívico.
El procedimiento, realizado pasadas las 15, no logró su cometido. Según informó oficialmente la Fiscalía de Instrucción del Distrito 2, turno 7, las autoridades del organismo de control se negaron a entregar las copias requeridas del expediente administrativo, por lo que el personal afectado se retiró sin poder cumplir la comisión ordenada.
La medida judicial se inscribe en la denuncia penal presentada días atrás por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien acusa al Tribunal de Cuentas de haber incurrido en presuntas irregularidades y maniobras obstructivas al revisar la contratación de tecnología de vigilancia.
Desde el Ejecutivo sostienen que el accionar del órgano excedió las funciones de control y terminó bloqueando una política pública considerada prioritaria en materia de seguridad.
El allanamiento reavivó la confrontación política. El presidente del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán, calificó el operativo como “un apriete” y aseguró que se trata de un hecho inédito. “Hacen una denuncia y a las 48 horas ordenan un allanamiento. Nunca pasó algo así en democracia”, afirmó. También negó haberse negado a colaborar y explicó que el expediente en cuestión es completamente digital, con accesos limitados por la normativa vigente.
Corvalán cuestionó además la celeridad del procedimiento y denunció una supuesta connivencia histórica entre la Justicia y el Gobierno provincial. “Al Gobierno le incomoda que lo controlemos, pero es nuestra función y vamos a seguir haciéndolo”, advirtió, al tiempo que sostuvo que los tribunos cuentan con inmunidades y que cualquier requerimiento formal debería provenir de un juez de Control.
Desde el Ministerio Público Fiscal, en cambio, ratificaron que la negativa a entregar la documentación quedó asentada en el acta del procedimiento y anticiparon que podrían disponerse nuevas medidas para avanzar en la investigación.
La controversia escaló aún más luego de que el gobernador Martín Llaryora cuestionara públicamente al juecismo por “obstruir la gestión” durante la apertura de sesiones legislativas. En el trasfondo, el debate gira en torno al proceso licitatorio observado por el Tribunal, que, según Corvalán, concentró múltiples contrataciones en una sola y terminó con un único oferente.
Mientras la causa judicial avanza y se analizan nuevas diligencias, el conflicto por los drones se consolida como uno de los focos de mayor tensión institucional entre el Ejecutivo provincial y el órgano de control.
