Las centrales sindicales de Córdoba manifestaron este miércoles su repudio hacia el proyecto de ley presentado por la legisladora del bloque oficialista de Hacemos Unidos por Córdoba, Nadia Fernández, que propone una serie de modificaciones al Código de Convivencia Provincial (ley número 10.326) a los efectos de establecer sanciones más severas para quienes protagonicen manifestaciones en la vía pública.
Como se recordará, dicha iniciativa comenzará a ser debatida este jueves en la Comisión de Seguridad de la Unicameral cordobesa. En el capítulo “Respecto de la Tranquilidad Pública” se impulsan los cambios. Por caso, en el artículo 80 bis (Desórdenes Públicos) se establece que los manifestantes serán sancionados con trabajo comunitario, multas pecuniarias y arresto de tres días si “por cualquier motivo o invocación” y “sin la autorización de la autoridad competente (Ministerio Público Fiscal) se alteren o interrumpa el tránsito de las vías de circulación de personas y vehículos”.
Por lo que se fija que, en caso de una protesta, los protagonistas tendrán que avisar al MPF. En el mencionado proyecto se establece, además, que la sanción para los manifestantes que “interrumpan el tránsito en avenidas, puentes de acceso o vías selectivas de transporte público de pasajero” tendrán sanciones más severas, o sea “el doble” de las antes mencionadas.
De esta forma, la propuesta del justicialismo y sus aliados intenta que las protestas no se realicen en las arterias principales, como en las avenidas Colón y General Paz, y que tampoco ocupen los puentes.
Sobre el particular, la CGT Córdoba, CGT Regional Córdoba, CTA-T, CTA-A y la UTEP objetaron los alcances de esta iniciativa, a la vez que criticaron las expresiones vertidas por el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, quien “solicitó una ley que regule el derecho a la expresión y a la protesta. O, lo que es lo mismo, dar vía libre a la represión”.
Las centrales obreras de la provincia calificaron los dichos de Quinteros como “inadmisibles, antidemocráticas y anticonstitucionales”. A lo que agregaron que “los legisladores de Córdoba no tienen facultad alguna para debatir y resolver sobre un derecho constitucional”.
Fundamentos negativos respaldados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
“Nuestro rechazo al proyecto del Ejecutivo Provincial encuentra fundamento en algunas de las siguientes consideraciones de carácter enunciativo y no excluyente: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que ‘las protestas callejeras, los cortes de vías de comunicación o las reuniones públicas son el único mecanismo disponible para amplios sectores de la sociedad que no tienen o ven enormemente dificultado el acceso a los medios de comunicación masiva´”, explicaron las organizaciones sindicales mediante un comunicado.
A continuación, rememoraron que “en los últimos años, los Relatores de Naciones Unidas también incluyeron en sus informes a las demostraciones, huelgas, sentadas y ocupaciones pacíficas, como parte del ejercicio de los derechos de asamblea y reunión pacífica. Las altas cortes nacionales e internacionales han interpretado que el derecho de reunión pacífica y sin armas no debe interpretarse de forma restrictiva, dado que constituye un elemento fundamental de la democracia. La protesta es particularmente relevante para dar mayor resonancia a las voces de las personas marginadas o que presentan un mensaje alternativo a los intereses políticos y económicos establecidos”.
Para las citadas centrales cordobesas, “el bloque legislativo de HUpC y el ministro de Seguridad deberían proponer soluciones a las consecuencias económicas y sociales que el plan del gobierno nacional está produciendo en todos los aspectos de la vida de las y los argentinos. Y de la que Córdoba no es ajena en absoluto”.
“Los salarios de hambre, derechos vulnerados, condiciones laborales precarias, pobreza y hambre, cierres de empresas y pérdidas de puestos de trabajo, despidos, suspensiones, destrucción de la industria nacional, crisis en la educación y la atención de salud, decisiones que afectan la soberanía, etc. son la inagotable lista de causas que llevan a la protesta y a las movilizaciones”, alertaron.
“Aplicar ese plan sólo puede hacerse con persecución y represión brutal como se exhibe, semana a semana, contra las y los jubilados. El Decreto que pretende cercenar el derecho de huelga completa el panorama. Aunque, nuevamente, ha sido frenado por una medida de la CGT en la justicia nacional”, indicaron en el escrito.
Finalmente, las centrales gremiales afirmaron a modo de síntesis: “El ministro de Seguridad propone que la Legislatura local aborde la represión de las expresiones constitucionales y una legisladora del bloque oficialista recoge el guante desconociendo la historia de lucha del movimiento obrero de Córdoba. Y olvidando que existe una ley, aprobada en ese ámbito, donde se incorporó al Cordobazo como el ‘Día de las Luchas Populares´ y como tema curricular en la educación formal. Un verdadero absurdo”.
