La investigación del caso de grooming y abuso sexual en Villa María de Río Seco puso la lupa en el sistema de ingreso de asesores a la Legislatura de la provincia de Córdoba. A partir de la detención del asesor José Aníbal Ricardo Villarreal, uno de los 12 involucrados en la presunta red de explotación, el legislador oficialista Ramón Flores decidió solicitar licencia en sus funciones, en medio de los pedidos de renuncia por parte de la Unión Cívica Radical y del Frente Cívico.
Ante esta situación, Leonardo Limia, también del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, defendió el proceder de su par Flores en pos de que la Justicia continúe con la investigación a cargo de la fiscal Analía Cepeda. Limia, en comunicación con Hoy Día Córdoba, explicó que renunciar a la banca sería apresurado, pero aclaró que «en la Legislatura siempre aplicamos el reglamento que corresponde: si en algún momento hace falta agravar la sanción disciplinaria porque la conducta lo amerite o los legisladores así lo resuelvan, seguramente se pondrá en debate».
En este sentido, el legislador se distanció de la oposición, a la que acusó de «utilizar el tema para hacer política». «Ellos están juzgando la situación, y quien tiene que juzgar es la fiscalía y el Poder Judicial. Cuando la Justicia termine de comprobar los hechos, recién ahí se podrá definir una renuncia a la banca», expresó, y agregó que el legislador, representante del departamento Río Seco, no está imputado ni siendo investigado, a pesar de que la investigación apunta a que Villarreal cometió delitos en las propiedades de Flores.
Por otro lado, casos como este replantean los procedimientos de ingreso para quienes asumen como asesores legislativos, regulados por la Ley 9.880. Al respecto, Limia confirmó la necesidad de avanzar hacia un sistema con más controles y adelantó que se evalúa sumar un certificado adicional al tradicional certificado de antecedentes. «Considerando la reiteración de conductas delictivas por parte de muchos ciudadanos, creo que en toda la administración pública —y la Legislatura no es la excepción— hay que incrementar los controles y acortar los plazos para la presentación de esos certificados», anticipó.
El proyecto consiste en exigir la renovación de los certificados cada seis meses y en ampliar la información que estos reúnen. «Todos los certificados de antecedentes contienen, obviamente, los datos vinculados a la situación judicial de cada persona, pero hay datos complementarios entre uno y otro. Por un lado está el certificado de policía y, por otro, el informe nacional de reincidencia», detalló Limia sobre los nuevos requisitos.
