El gobernador Martín Llaryora anunció una nueva etapa en el proceso de reorganización del Estado provincial, que implica la reducción en un 30% del número de agencias que integran el organigrama del Gobierno. La medida, formalizada mediante decreto, se enmarca en la Ley N° 11.015, que faculta al Poder Ejecutivo a transformar sociedades del Estado y entidades mixtas conforme a la normativa vigente.
Con esta decisión, el mandatario provincial da cumplimiento al compromiso asumido el pasado 1 de febrero durante la apertura de sesiones legislativas, cuando anticipó su intención de optimizar la estructura administrativa. La reestructuración también da continuidad al proceso iniciado en abril, cuando se dispuso la disolución de la Agencia de Conectividad Córdoba.
Según informó el Ejecutivo, las actuales Agencia Córdoba Deportes, Agencia Córdoba Cultura, Agencia Córdoba Turismo y Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) serán disueltas y transformadas en entes autárquicos, manteniendo sus denominaciones y su vinculación funcional con el Poder Ejecutivo conforme a la Ley N° 10.956.
A su vez, se creará un nuevo ente autárquico unificado bajo la denominación “ProCórdoba”, que dependerá del Ministerio de Economía y Gestión Pública y concentrará las competencias de la Agencia ProCórdoba, la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, y la Agencia para la Competitividad de Córdoba.
De acuerdo con lo dispuesto, el nuevo esquema permitirá mayor autonomía administrativa y financiera, al tiempo que busca potenciar la sinergia institucional, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y consolidar una estrategia integral para el desarrollo productivo, la innovación, la inversión y la promoción de exportaciones.
El decreto garantiza la reubicación del personal y la reasignación de bienes y recursos a los nuevos entes, que actuarán como continuadores de las agencias actuales. Los ministerios de Gobierno y de Economía y Gestión Pública tendrán a su cargo la implementación del proceso de disolución y constitución de los nuevos organismos, con la intervención de la Fiscalía de Estado.
Finalmente, el Ministerio de Economía y Gestión Pública estará facultado para realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para cumplir con las disposiciones del decreto, que marca un nuevo paso en la estrategia de modernización y eficiencia administrativa impulsada por el Ejecutivo provincial.
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