El gobierno provincial anunció el envío a la Legislatura Unicameral del nuevo proyecto de ley de promoción industrial elaborado de manera conjunta con la Unión Industrial de Córdoba (UIC). En diálogo con Hoy Día Córdoba, el ministro de Producción de la Provincia, Fernando Sibilla, analizó los ejes centrales del texto, su trámite parlamentario y el alcance de los beneficios para el sector fabril.
Hoy Día Córdoba: ¿Cuáles son los puntos más destacados de este nuevo proyecto de ley de promoción industrial?
Fernando Sibilla: El proyecto de ley de promoción industrial lo venimos trabajando junto con la Unión Industrial de Córdoba. Surge por una necesidad de la propia industria de actualizar un régimen impositivo que, en una de sus leyes, la Ley N° 5319, databa de la década del ’70. Lo que buscó este nuevo cuerpo normativo es unificar en un solo texto una ley que sea mucho más flexible, dinámica y accesible, adaptada a las realidades actuales.
Básicamente, tiene como beneficio sostener el incentivo de la exención a los ingresos brutos, sellos e inmobiliarios. También impulsa la incorporación de mano de obra con un subsidio por un año equivalente a un salario mínimo vital y móvil para la incorporación de personas. Estos beneficios se extienden a 15 años (y los de empleo a 2 años) cuando las empresas se radican en parques industriales, en el arco noroeste de la provincia de Córdoba o en los departamentos General Roca y Roque Sáenz Peña, en el sur provincial.
HDC: ¿Esta nueva ley es una modernización o buscan de algún modo paliar la crisis que vive el sector fabril?
FS: No, esto no es simplemente una modernización, aunque por supuesto que cada vez que se envía un nuevo cuerpo legislativo el régimen se actualiza y se moderniza. Básicamente, es una nueva ley que le da una mayor oportunidad de ingreso a la industria y la actualiza.
Tampoco es una medida que se haya sacado por la situación de la coyuntura. La provincia tiene una ley de promoción industrial desde hace 40 años, lo que significa que es una política de Estado estructural y no una medida transitoria. Lo que ocurrió es que, por pedido del sector privado, se encontró en este momento la necesidad de presentar una nueva ley para actualizar, modernizar y profundizar algunos beneficios.
En cuanto a los beneficios, en el fondo son los mismos que una provincia puede otorgar (exención de ingresos brutos, sellos e inmobiliario), si bien se incrementaron algunas cuestiones. Por ejemplo, el gobernador elevó el tope a entre 3.200 y 4.500 millones de pesos para las empresas que pueden entrar al régimen simplificado, lo cual es un muy buen beneficio que permite incorporar a muchas más empresas en ese régimen.
HDC: ¿Cuál es el estado parlamentario actual del proyecto y cómo sigue su camino legislativo?
FS: El proyecto tomó estado parlamentario y legislativo el día martes. Seguramente nos convocarán en los próximos días a algunas reuniones de comisión. Allí seremos invitados nosotros, pero sobre todo que concurran representantes del sector industrial, con quien vinimos trabajando esta ley para poder contar los puntos que los benefician y expresen la conveniencia de aprobar esta ley.
HDC: ¿Es este proyecto similar a los proyectos del RIGI nacional?
FS: No, no es similar a los proyectos del RIGI. Acá básicamente son exenciones vinculadas con los impuestos que una provincia puede promover, como ingresos brutos, sellos e inmobiliario. Se trata de la temporalidad o la extensión de los beneficios de una ley que viene con sus distintas modificaciones y que ahora busca actualizarse y aggiornarse a los tiempos actuales. Viene de una ley de promoción industrial que Córdoba empezó a promover en la década del 50, lo que demuestra que hay una estabilidad y una previsibilidad en una política de Estado que tiende a hacer entender que Córdoba valora y fomenta su industria.
