El Gobierno nacional puso en marcha ayer un Comité de Crisis en la ciudad de Rosario, luego de un fin de semana de extrema violencia por crímenes relacionados al narcotráfico, que derivó en una paralización total de la capital santafecina, que este lunes amaneció sin escuelas ni transporte público, con sus calles vacías y los negocios cerrados por la ola de terror que sacude a la población.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se trasladó hasta la ciudad con su par de Defensa, Luis Petri, para poner en marcha el citado comité, oportunidad en la que ambos anunciaron que en las próximas 24 horas llegarán las Fuerzas Armadas a la ciudad santafecina para “hacerle la vida imposible a los que cometen delitos contra los ciudadanos de bien”.
“Hoy ya estamos hablando de narcoterrorismo”, aseguró Bullrich al presentar el plan que piensan implementar, que incluye distintos puntos como el envío de personal e infraestructura militar, operativos de saturación callejera y reformas legislativas. “Vamos a pedirle a la Justicia la utilización de la ley antiterrorista, para que toda acción que tenga por objeto amedrentar a la población tenga doble pena”, explicó Bullrich, quien indicó que “estamos enviando al Congreso la ley antimafia o antibandas, que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre las bandas, adjudicándoles los crímenes a todos sus integrantes; como hizo el código penal de Italia y el presidente (de El Salvador, Nayib) Bukele”.
“Enviaremos efectivos de las fuerza federales, los primeros están llegando hoy a la noche, para generar saturación y sumaremos de 2 a 4 zonas de alto riesgo en la ciudad”, agregó y ratificó que “solicitaremos la apoyatura logística de las Fuerzas Armadas y le vamos a pedir a la Justicia medidas excepcionales a la altura de lo que tenemos que afrontar”. La funcionaria abogó por un trabajo mancomunado entre las autoridades nacionales y provinciales y aseveró que “no nos van a doblar los brazos, no vamos a aflojar, no vamos a dejar que Rosario sea tierra de narcoterroristas”.
Por su parte, en una entrevista televisiva, el presidente Javier Milei afirmó que su administración tuvo “logros muy importantes” en materia de seguridad en Rosario, donde aseguró que la tasa de homicidios cayó un 58%. “Estamos dando una lucha sin cuartel y obviamente nos encontramos ahora con la respuesta. Pero no estamos dispuestos a ceder un milímetro, son ellos o nosotros”, advirtió Milei, quien descartó la posibilidad de declarar “estado de sitio” en la ciudad y se expresó “dispuesto” a autorizar que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interior de Santa Fe; aunque advirtió que “hay que tener mucho cuidado” porque la Argentina adhiere a la Convención de Ginebra y “después aparece un progre en el poder y empieza a perseguir a aquellos que te sacaron del problema”.
“Haberle dado tanto crédito a los socialistas no es gratis, todo lo que tocan lo destruyen”, agregó Milei, quien consideró que su gobierno “está acorralando a la droga y al narcotráfico”, aunque aclaró que las medidas a tomar deben ser consensuadas con el gobernador Maximiliano Pullaro, con quien la Nación trabaja de manera conjunta en el Comando Unificado.
Por su parte, el ministro de Defensa anticipó que en las próximas 24 horas llegarán las Fuerzas Armadas a la ciudad santafecina, en base a la aplicación de la Ley de Seguridad del Interior para “salir con toda la potencia a reprimir a quienes cometen los delitos”. Según los anticipos, llegarán más de 450 efectivos de las fuerzas federales para sumarse al operativo.
Cambian la cúpula del Servicio Penitenciario
En medio de la fuertísima crisis de seguridad que sacude a Rosario por las bandas de narcotráfico, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó descabezar a la cúpula del Servicio Penitenciario Federal.
La funcionaria desplazó de sus cargos a Juan Eduardo Velarde y José Luis Guarino, director y subdirector nacional de esa fuerza, respectivamente.
Los reemplazantes, según confiaron fuentes oficiales, serán Fernando Martínez y Diego Morel. Pero la nueva conducción de la fuerza que administra las cárceles federales recién será oficializada en las próximas horas por la propia funcionaria.
La decisión se debe a que gran parte de los crímenes narcos se organizaron desde los penales santafecinos, donde los líderes de distintas bandas están detenidos.