La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reiteró al comienzo de esta semana que la quieren «presa o muerta» y acusó a las autoridades judiciales que investigan el intento de magnicidio en su contra de «impedir que salga a la luz la verdad», al rechazar el pedido del fiscal federal Carlos Rívolo de que se envíe a juicio a los tres acusados por ese hecho.
«Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta», sostuvo la vicepresidenta en una carta que difundió en sus redes sociales, titulada «A 40 años de Democracia. El Partido Judicial y la consagración de la impunidad».
La exmandataria rechazó así la decisión del fiscal Rívolo, quien le solicitó hoy a la jueza María Eugenia Capuchetti la elevación a juicio de los acusados Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo.
«Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022», dijo la vicepresidenta.
De esa manera, volvió a apuntar contra quienes tienen a cargo la investigación del atentado que sufrió. «Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rívolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa», aseveró.
Y sobre los motivos que brindó el fiscal en su solicitud, Fernández de Kirchner objetó que «omite por completo valorar todo lo relacionado con las líneas de investigación que apuntan a personas que van más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo».
«Como he dicho, no hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos», señaló y advirtió que, con esta decisión, el resto de las pruebas «no se investigan nunca más».
«Y Comodoro Py tiene un penoso historial en ese sentido», amplió y manifestó que «toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad».
Sobre las pruebas aportadas en relación con el diputado de Juntos por el Cambio (JxC), Gerardo Milman, a quien un testigo le atribuyó haber dicho el 30 de agosto último «cuando la maten voy a estar camino a la costa», Fernández de Kirchner adujo que Rívolo «no dedica ni una sola palabra a sopesar su importancia para la causa».
Y analizó que el fiscal «ni siquiera menciona» la declaración de la exasesora de Milman, Ivana Bohdziewicz, en la que contó «cómo la llevaron a borrar su celular a las oficinas de Patricia Bullrich».
La vicepresidenta advirtió que «curiosamente» ese hecho es el «único ‘olvido» que tuvo Rívolo al repasar los testimonios brindados en la causa.
En contraposición, Fernández de Kirchner consideró que «todas las pruebas producidas» en relación con la participación de Milman en el atentado «han resultado incriminatorias».
También denunció que el expediente «está plagado de testigos que borraron sus teléfonos» y advirtió que ese tipo de «prueba» se «destruyó sin investigar sus causas y motivaciones».
«Un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores», resaltó.
Además, la expresidenta hizo referencia a la causa a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi que investiga a Revolución Federal por incitación al odio y violencia política, y reprochó que se encuentre «inexplicablemente separada» de la del atentado.
«Hay pagos injustificados de la familia Caputo y posible lavado de dinero en torno a personajes relacionados con el atentado, junto a innumerables indicios pendientes de investigación que muestran un vínculo entre agrupaciones pseudo políticas violentas y los perpetradores del ataque», indicó sobre ese expediente.
En su momento, el juez Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita entendieron que la actividad de Revolución Federal debía tramitarse junto a la causa en la que se investiga el atentado fallido, pero Capuchetti rechazó la competencia y la Cámara Federal porteña volvió a remitir la causa al juzgado inicial.
En cuanto a Carrizo, Fernández de Kirchner reprochó que el fiscal solamente considerara que «su única intervención fue otorgar un arma que no se usó» y remarcó que el imputado «tiene mensajes tales como ‘ahora vamos a matar al jefe de la Cámpora» y que también hizo «constantes alusiones a un alto nivel de organización del atentado».
Otros de los cuestionamientos de quien fue dos veces presidenta alude al borrado del celular de Sabag Montiel, sobre el que -dijo- «el fiscal no se expresa en lo más mínimo» y en el que -consideró- hubo «una intervención, cuanto menos, negligente de la jueza».
La vicepresidenta, también abogada, advirtió que el fiscal «no se expresa respecto de las medidas de prueba pendientes de producción» y explicó que esas omisiones «hacen inadmisible elevar la causa a juicio».
«Todo esto, entre otras decenas de pruebas que la querella que ejerzo detalló y requirió incesantemente, y particularmente al oponerme a la elevación a juicio», recriminó.
Y volvió a reprochar que «no se entiende cómo ni por qué» Rívolo «pretende clausurar una causa en pleno trámite», en la que dijo, «necesariamente, la responsabilidad de los autores materiales está atada a la de cualquier persona que haya colaborado desde ‘atrás'».
