Con miras al 2023 y tras la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Congreso de la Nación, el schiarettismo busca dejar expresa su oposición a las políticas de la Casa Rosada.
La presentación de un proyecto para eliminar las retenciones al agro, el anuncio del rechazo a las reformas del Consejo de la Magistratura y la modificación en la política de subsidios son algunas de medidas que los congresistas que responden al gobernador Juan Schiaretti concretarán para explicitar su distancia con el kirchnerismo.
El martes, el bloque del PJ cordobés en Diputados presentará un proyecto para bajar gradualmente las retenciones agropecuarias, a cuenta del Impuesto a las Ganancias.
Esta iniciativa, que seguramente será rechazada por el Frente de Todos, apunta a marcar diferencias con la Casa Rosada, teniendo en cuenta que en el oficialismo hay funcionarios nacionales, como el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que ya propuso de manera pública exactamente lo contrario: subir las retenciones al campo.
A esta medida se suma la confirmación del rechazo de la senadora cordobesa por Córdoba Federal Alejandra Vigo, a las modificaciones propuestas por el Frente de Todos en el Consejo de la Magistratura que se discuten en el Senado. “No estoy de acuerdo con este proyecto, que no sé de qué lado del oficialismo lo impulsan. En las reformas que se proponen no hay equilibrio en la representación de los distintos sectores que componen el Consejo de la Magistratura. Tampoco tiene lugar la segunda minoría en el Congreso”, cuestionó la senadora peronista cordobesa.
Vigo y el diputado del mismo espacio Carlos Gutiérrez también confirmaron que están trabajando y presentarán en la Cámara Baja en los próximos días otros dos proyectos. La primera propuesta buscará crear el “boleto federal” para modificar el mecanismo de distribución de los subsidios al transporte, que actualmente beneficia al Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), “en detrimento del interior”, según sostienen los legisladores schiarettistas.
Por su parte, Vigo anticipó que impulsará en el Senado un proyecto para que las empresas Aysa (agua y saneamiento) y las eléctricas Edesur y Edenor, que hoy están en la órbita del gobierno nacional, pero prestan servicios en Capital Federal y provincia de Buenos Aires, pasen a depender de esos dos distritos.
Los subsidios nacionales al transporte y a la energía vienen siendo un “caballito de batalla” del gobernador Schiaretti, para marcar diferencias con el Gobierno nacional. Por ello, llevar estos proyectos al Congreso nacional alimentará el distanciamiento entre el gobierno provincial y la Nación.
Retenciones judicializadas en Córdoba
Desde los círculos empresariales cordobeses aseguran que los próximos pasos para resistir lo que decodifican como un nuevo enfrentamiento de un gobierno kirchnerista con el sector productivo tiene que plasmarse en una estrategia más amplia centrada en la judicialización del conflicto.
La medida más fuerte en lo que va del año la lanzaron la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM) en tándem con su par nacional. El planteo fue un amparo por la inconstitucionalidad e ilegitimidad del actual esquema de retenciones.
Ese recurso espera una definición del juez Ricardo Bustos Fierro y advierte que al no haberse aprobado la Ley de Presupuesto para el año 2022, que incluía una prórroga por dos años de las facultades delegadas en el artículo 52 de la Ley 27.541, el Ejecutivo nacional ya no cuenta con la capacidad legal necesaria para cobrar derechos de exportación.
“La ausencia de una ley formal y material que habilite el reclamo de derechos de exportación torna manifiestamente arbitraria e ilegítima la decisión estatal de continuar exigiendo esos derechos para habilitar la exportación de mercadería”, explicó José Capellino, asesor legal de la SRJM.
