La Cámara de Diputados iniciará hoy el debate de la nueva de Ley Bases y Puntos de Partida que el oficialismo negoció en su totalidad con los bloques dialoguistas durante más de un mes, tras el estrepitoso fracaso de febrero, y que incluirá el paquete fiscal acordado con las provincias y una reforma laboral acotada respecto a la decretada en el DNU 70/2023, actualmente suspendida por la Justicia laboral.
En principio, el Gobierno tendría asegurado los votos para la aprobación en general de todas las iniciativas, aunque se abren algunos interrogantes respecto de la votación en particular por distintas diferencias y planteos que la oposición llevará al recinto.
Según versiones de diarios porteños, la mayoría de los mandatarios ordenó a sus legisladores que acompañen el proyecto. Ocurre que el DNU que eliminó la obligación de la Anses de financiar a las 13 cajas de jubilación provinciales no transferidas marcó un punto de inflexión: los gobernadores creen que la Casa Rosada podría aplicar un esquema de “premios y castigos” de acuerdo a cómo votan sus legisladores.
Ya la Casa Rosada anticipó el fin de semana que la invitación al Pacto del 25 de Mayo lanzada por el presidente Javier Milei estará acotada a quienes acompañen los proyectos en el Congreso. “Los que acompañen las iniciativas serán bienvenidos. Los que no lo hagan, no”, sentenció un colaborador de Milei.
El comienzo del debate está previsto para el mediodía y se producirá a menos de un mes del promocionado encuentro en Córdoba. La sesión se extenderá a mañana y, posiblemente, también el miércoles por la cantidad de temas a tratar. Si bien las negociaciones de Libertad Avanza (LLA) dejaron una base de consenso, lo cierto es que algunos tópicos son rechazados por distintos bloques: la versión final no terminó de conformar a nadie a excepción del oficialismo y el PRO. Pese a esto, la votación en general de la Ley Bases estaría garantizada con un piso de 135 votos, según anticipan las fuentes libertarias.
La parte más difícil vendrá después, en la votación en particular, ya que hay artículos que penden de un hilo y podrían caerse si el oficialismo no ajusta las negociaciones hasta el último momento. Nuevamente, se pondrá a prueba la capacidad negociadora de LLA, algo que Milei desprecia.
El oficialismo ya debió sacrificar varios artículos para llegar a un dictamen de mayoría. Por ejemplo, eliminó el artículo sobre desregulación económica, quitó el capítulo entero de Defensa de la Competencia, redujo a cuatro las declaraciones de emergencia y achicó a ocho la lista de empresas sujetas a privatización (dejando afuera el Banco Nación). Además, amplió la lista de organismos del Estado a salvo de cualquier intento de disolución y suprimió el capítulo sobre consolidación de títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses que habilitaba la venta de sus acciones. Aún así, quedó un mamotreto de 240 artículos y 162 páginas que será desmenuzado en detalle en el recinto.
Otro foco de conflicto que no termina de sofocarse es la reforma laboral, que estuvo en vilo hasta último momento pero finalmente se plasmó en una versión ultra comprimida. El proyecto final se limita a la derogación de multas por no registración laboral, ampliación del período de prueba y la implementación del fondo de cese laboral optativo como alternativa a las indemnizaciones. Sin embargo, la UCR y la Coalición Cívica intentarán plasmar cambios en el debate en el recinto e incluso pueden volver a impulsar el impuesto al tabaco, que quitaron LLA y el PRO del paquete fiscal en favor del dueño de Tabacalera Sarandí
El Gafi advirtió por el lavado de dinero
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) advirtió al gobierno de Javier Milei sobre las “graves fallas de seguridad” que observó en la Ley ómnibus, que favorecen de manera ostensible el lavado de activos y podrían convertir a la Argentina en una guarida fiscal.
La máxima autoridad internacional contra el lavado puso la lupa en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), capítulo que cuenta con un amplio respaldo de empresas y algunos gobernadores.
“El mencionado registro es una puerta de acceso camuflada con visos de legalidad para que capitales provenientes del tráfico de estupefacientes, armas y personas entre otros, ingresen al circuito económico y financiero de la República Argentina sin exigencias reales de licitud de origen y trazabilidad”, dicen las objeciones del Gafi, que reveló un matutino porteño.
“Las fallas de seguridad de la Ley son ostensibles, transformándola en funcional al blanqueo o lavado de capitales, lo que significará transformar a la Argentina en una plaza complaciente para la operación de organizaciones criminales de funcionamiento y objeto multidimensional”, advirtió.
Las centrales sindicales se unen contra las normas
Las distintas centrales sindicales se mostrarán nuevamente unidas en las calles porteñas en rechazo a una medida del Gobierno, en este caso la Ley Bases y la reforma laboral. Tanto la CGT como la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma convocaron a una protesta para hoy a las 11 en el Congreso en rechazo a la Ley ómnibus, ya que “paraliza, vacía y cierra organismos de cultura y empresas de comunicación”, según afirman.
“Trabajadores y trabajadoras convocamos a una vigilia activa, artística y participativa para impedir la entrega de la cultura y la comunicación democrática”, reza el llamado, que rechaza las facultades delegadas y la reforma laboral.
Por su parte, el Sindicato Aceitero de Santa Fe paralizará su actividad en todas las plantas “de forma automática” cuando Diputados comience a tratar el paquete fiscal, que incluye la restitución del Impuesto a las Ganancias.
