Las modificaciones realizadas en las últimas horas en capítulos del proyecto de Ley ómnibus que impulsa el presidente Javier Milei derivaron en un encendido rechazo por parte de la mayoría de los 18 diputados nacionales por Córdoba, que objetaron, entre otros aspectos, las subas en materia de derechos de exportación, los cambios previsionales y culturales, además del paquete de privatizaciones.
Sobre el particular, la diputada del interbloque Hacemos Coalición Federal (HCF), Natalia de la Sota, advirtió ayer que “el gobierno que dijo que iba por `la casta´ solo quiere ajustar al que labura con Ganancias, al que produce con retenciones más altas, y a los jubilados con aumentos por debajo de la inflación. Ahora esconden el dictamen en Diputados mientras el presidente aprieta gobernadores”.
“El debate de la Ley de Bases es pura incertidumbre. Solo a través de la discusión seria y responsable se puede lograr una transformación duradera. En esta coyuntura, no podemos esperar que esta ley otorgue previsibilidad y mejores perspectivas a la sociedad”, había considerado De la Sota el miércoles pasado.
En tanto, el diputado del PRO en la misma bancada de HCF, Oscar Agost Carreño, afirmó en la víspera: “No queremos una ley que beneficie a los amigos del gobierno, queremos una ley que piense en el interior productivo”.
Y aclaró que se opondrá a “la suba a las retenciones existentes; lo que atente contra la jubilación, y no signifique una actualización por inflación mensual; que se privatice cualquier empresa del Estado, y que lo hagan sin consultar al Congreso; reformar el régimen de biocombustible si afecta al campo; reformas a la pesca en nuestras costas sin escuchar a las provincias y los especialistas; el avasallamiento a la cultura sin dar una discusión sería; y desfinanciar a las provincias para sostener al Estado nacional sin acuerdo entre las partes”.
Por su parte, la radical Gabriela Brouwer de Koning, explicó que “tratamos de colaborar con un Gobierno que está comenzando. Pero hay puntos centrales que no tienen apoyo y tampoco tienen nada que ver con las ideas de Milei que votaron los cordobeses”. “Por un lado, va el relato y por otro lado las acciones que pretenden llevar adelante, como ocurría con el kirchnerismo”, argumentó la diputada del bloque Evolución, muy cercana a Rodrigo de Loredo.
A su turno, la también integrante de la Cámara baja por el radicalismo, Soledad Carrizo, anunció que “no vamos a aprobar los artículos de jubilaciones, retenciones ni privatizaciones que fueron planteados en el dictamen”. Y recordó que “venimos trabajando en una ley que modifica 600 artículos para que la ley salga. El oficialismo no tiene la cantidad de legisladores para aprobarla. Nosotros, el bloque de los radicales, presentamos las disidencias por escrito. El único bloque que lo hizo. Fueron 34 firmas, junto con el PRO”.
Posteriormente, la diputada de Unión por la Patria, Gabriela Estévez, calificó de “berreta” la modificación impuesta por el oficialismo en el dictamen. “Berreta. Firmaron un dictamen que ocultan y que ningún diputado se atreve a defender abiertamente. Como ya lo expresó, es un grave error otorgarle plenos poderes al presidente Milei para reformar lo que quiera”, alertó. Para la legisladora kirchnerista, “el gobierno de Milei busca, con alevosía, arrogarse poderes exclusivos del legislativo, comenzar un nuevo ciclo de endeudamientos, amenazando la estabilidad de nuestra sociedad y avasallando la Constitución Nacional”.
García Aresca: “Un ajuste que sólo pega en las provincias”
Ignacio García Aresca, el diputado más cercano al gobernador Martín Llaryora, y uno de quienes permitió con su firma en disidencia que el Gobierno impusiera el martes último su dictamen de mayoría, rescató que “intentamos facilitar la gobernabilidad y acompañamos en general porque hay aspectos de la ley que apoyamos. Pero la gobernabilidad no puede ser a costa de un ajuste que solo pega en las provincias”.
García Aresca ratificó que los seis votos cordobeses del bloque HCF rechazarán de plano cualquier suba de retenciones. Tampoco acompañarán los cambios en materia previsional, sobre todo luego de que el dictamen dejara afuera la obligación de Anses de saldar las deudas con las cajas provinciales no transferidas. Comparten esa postura Carlos Gutiérrez, Juan Brugge, Alejandra Torres, y los citados De la Sota y Agost Carreño.
“No acompañaremos los recortes en materia de fomento a las actividades culturales, ni las privatizaciones en bloque que prevé el proyecto”, indicó García Aresca. Pese a que el Gobierno excluyó a YPF de la lista de empresas estatales sujetas a planes privatizadores, el peronismo cordobés no acompañará la privatización del Banco Nación, ni de Arsat, ni de Fabricaciones Militares –hay establecimientos en Villa María y Río Tercero–, ni de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba.
