El fiscal federal en lo Criminal y Correccional Guillermo Marijuan denuncio al legislador porteño Gabriel Solano del Partido Obrero y a Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero (PO) por los presuntos delitos de amenaza y extorsión porque “obligaban a las personas beneficiarias del subsidio Potenciar Trabajo a realizar un aporte mensual” del 2% de los haberes que reciben por parte del ministerio de Desarrollo Social.
En los fundamentos, el titular de la Fiscalía reprodujo las declaraciones periodísticas de Solano, quien aseguró que “en el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan. Ese 2% sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería. El Potenciar Trabajo son $19.000, estamos hablando de $380.
Luego de la denuncia, en declaraciones radiales Marijuan planteó que “no se puede pedir exigencia alguna por estar, permanecer o conseguir un plan”. “Esto tiene que ver con la falta absoluta de control que existe por parte del Estado Nacional respecto de la situación de las personas que tienen planes sociales”, opinó el fiscal.
La denuncia contra Solano y Belliboni es por los presuntos delitos de “amenazas y extorsión”, recayó en el juzgado de la jueza María Servini y quedó registrada con el número 2078/2022.
La asistencia a través de los movimientos sociales volvió a la agenda política y mediática luego de las consideraciones hechas por la vicepresidenta Cristina Fernández sobre la fiscalización de los programas con el propósito de evitar “la tercerización”, lo que causó un profundo rechazo de los dirigentes populares. También del propio Ejecutivo nacional que ayer, por medio de su portavoz, debió salir a sentar posición al respecto.
Así, Gabriela Cerruti reafirmó que el “manejo” de los planes sociales está en manos del Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social y aseguró que la cartera encabezada por Juan Zabaleta apunta a que “los gobiernos municipales y provinciales tengan un rol más activo” en la implementación del programa Potenciar Trabajo.
En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Cerruti aludió a una información publicada ayer por el diario Clarín que afirmaba que “el Gobierno le saca 180.000 planes sociales a los piqueteros y se los traspasa a los intendentes y los gobernadores”. Al respecto, la portavoz precisó que “los 180.000 planes que salieron en la tapa de algunos diarios son los que se anotaron a partir de apertura de un registro del Ministerio de Desarrollo Social” que se abrió “hace casi un año” para que los beneficiarios puedan “recibir de otra manera el Potenciar Trabajo”.
