Luego del fracaso del proyecto original en la Cámara de Diputados y de avanzar en el diálogo con los gobernadores, el Gobierno comenzó a hacer girar el nuevo texto de la Ley Bases, también conocida como Ley Ómnibus, que hará llegar al Congreso en los próximos días.
Tal como se había dado a conocer, se trata de una nueva versión de la iniciativa, más corta: tiene 269 artículos, a diferencia de los 664 que contenía el texto original.
El borrador ya fue enviado a los gobernadores, luego que la asistencia perfecta que se logró en el encuentro en Casa Rosada el viernes pasado.
El primer artículo establece la declaración de la «emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año», período en el que el presidente Milei tendría facultades especiales.
Además, se incluye en el paquete de empresas privada para privatizar a Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina (Enarsa) y Radio y Televisión Argentina, mientras que AySA, el Correo Oficial, el Belgrano Cargas, SOFSE (la operadora de trenes metropolitanos), Corredores Viales y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio los cataloga dentro de la opción «privatización/concesión».
En cambio, Nucleoeléctrica Argentina, el Banco Nación y todas las empresas del Grupo Nación y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ArSat) «sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias».
En este punto, el Gobierno subraya que el proceso de privatización «deberá desarrollarse de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, máxima publicidad y difusión».
Varios son los cambios que introduce en la Ley de Contrato de Trabajo, como establecer la obligatoriedad del «descuento del proporcional de haberes por los días en los que el empleado haya decidido hacer uso de su derecho de huelga», algo que profundizará el conflicto con el sindicalismo.
Por separado, la Casa Rosada mandó a los gobernadores el «Proyecto de Ley de Medidas Fiscales» con la creación del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social; el régimen de Regularización de Activos; la modificación del Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuestos Internos.
Asimismo, incluye la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, la modificación del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y la creación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.
