El Gobierno nacional convocará a sesiones extraordinarias para la «segunda quincena de enero», para debatir el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores, y también para que se traten proyectos relacionados con la economía.
Así lo anticipó esta mañana la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno precisó que la «semana que viene saldrá la convocatoria» para sesiones extraordinarias para la «segunda quincena de enero».
«Los temas son obviamente el juicio político y otros temas son económicos y se están terminando de definir», completó Cerruti.
Por otra parte, sostuvo que Fernández, quien ayer impulsó el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia, tiene el propósito de que «los tiempos sean lo más breve posibles» en la tramitación del pedido elevado al Congreso, al tiempo que subrayó que «la mayoría de los mandatarios» provinciales acompañan el reclamo.
«El Presidente y los gobernadores tomaron una decisión histórica que es pedir el juicio político a la Corte Suprema de Justicia y tiene que ver con la gravedad de la situación que estamos atravesando donde la Corte interviene sobre el accionar de los otros poderes violando claramente la Constitución», indicó la portavoz.
Gaillard, optimista con el debate en comisiones del jury a los jueces
La presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Carolina Gaillard, remarcó que el Frente de Todos tiene la mayoría necesaria para iniciar el proceso contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia y estimó que el trámite podría extenderse de dos a cuatro meses.
La entrerriana explicó que para poder empezar a tratar el pedido de juicio político elevado por el presidente Alberto Fernández con el aval de un grupo de gobernadores se requiere «la convocatoria a sesiones extraordinarias y a partir de allí se convoca a la Comisión».
En declaraciones radiales la legisladora oficialista indicó que una vez que el expediente ingresa formalmente a la Comisión «se hace un estudio o análisis de verosimilitud de la denuncia, de los requisitos formales y sustanciales de lo que se denuncia y ahí se analiza la apertura o no del proceso sumario, si la mayoría estuviera de acuerdo».
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«Hoy estaríamos en condiciones de la apertura de la investigación. En el Frente de Todos tenemos esa mayoría», destacó la litoraleña, en alusión a los 16 miembros oficialistas de un total de 31 en la Comisión de Juicio Político.
De todos modos, Gaillard hizo un llamado a Juntos por el Cambio para que apoye la iniciativa: «Es un tema muy grave que requiere de un compromiso enorme de parte de todos. La dirigencia opositora también tiene que interiorizarse».
Al respecto, recordó que el bloque de la Coalición Cívica-ARI presentó en reiteradas ocasiones un pedido de juicio político contra el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, así como también subrayó que el vicepresidente de la Comisión es Juan Manuel López, un dirigente allegado a Elisa Carrió.
«Este tema es un escándalo, un bochorno», afirmó la diputada nacional del Frente de Todos, quien detalló que «una vez producida la prueba, se convoca a los denunciados para que puedan ejercer su derecho a la defensa: ellos pueden hacerlo o no, pero eso no obstaculiza la continuidad del proceso».
Al ser consultada sobre la duración que podría tener el trámite legislativo, Gaillard aseguró que podría ser «tres o cuatro meses», aunque aclaró que si la prueba puede producirse rápidamente, podrían ser «dos meses».
«La Comisión tiene la facultad de convocar a todos los magistrados, que están obligados a comparecer a la Comisión como testigos, en caso de que se los convocara. Si no, podemos denunciarlos ante el Consejo de la Magistratura», añadió.
Como cierre, la entrerriana subrayó que el pedido de juicio político al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y los demás jueces del máximo tribunal «no es un circo». «Queremos develar si efectivamente existe esta connivencia entre el Poder Judicial y el poder político», concluyó.
