El Gobierno dio de baja este martes a unos 7.000 empleados que ingresaron a la administración pública a partir del primero de enero de 2023.
La medida fue oficializada esta madrugada a través del decreto 84/2023 que fue publicado este martes en el Boletín Oficial y lleva la firma del presidente Javier Milei.
Además, el Poder Ejecutivo revisará la situación de los trabajadores del Estado que están en funciones desde antes de esa fecha.
El artículo 1° establece que «las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas».
La medida abarca a los empleados transitorios «y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023″, de toda la administración nacional, así como también de los entes públicos, incluidos, por ejemplo, la ANSeS, el PAMI y la AFIP.
La decisión alcanzaría a cerca de 7.000 empleados de distintas áreas del Gobierno, mientras que son excluidos únicamente aquellos que cumplen funciones en empresas o sociedades estatales.
No obstante, la medida podría afectar a los contratados por locación de servicio, que también caducan antes de que finalice el año.
En tanto, los contratos de otros 45.000 empleados estatales cuyos contratos fueron firmados antes del primero de enero de 2023 entrarían en revisión por los siguientes 90 días.
Según trascendió, también se estudia un congelamiento de salarios de personal jerárquico del Estado y una reducción que podría ser del 15 por ciento.
