Luego del triunfo en la ratificación del veto al aumento de los fondos universitarios en Diputados, el Gobierno de Javier Milei enfrenta un desafío aún mayor con el tratamiento del Presupuesto 2025 en la Cámara baja, donde tanto la oposición aliada como los gobernadores amenazan con tomar una actitud bien distinta, en vistas de una puja de fondos que asoma feroz.
El experimentado titular del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, ya advirtió la encrucijada que enfrentará el Gobierno durante el debate del veto: “Acaban de consolidar el partido del bloqueo y la minoría”, afirmó. Ocurre que, ante la minoría oficial, tanto el PRO como la UCR, los gobernadores dialoguistas y el peronismo aliado, salieron a advertir que se acabó la “luna de miel” para abrir un tiempo de disputa en torno a la distribución de fondos de la llamada “ley de leyes”.
Si bien el oficialismo ya demostró sobradamente su capacidad para la rosca política, ahora enfrentará un panorama complejo por la necesidad de negociar con cada espacio sus reclamos puntuales de fondos. El PRO, por ejemplo, irá por la coparticipación adeudada a la Ciudad de Buenos Aires, bastión macrista por excelencia, a pesar de que afuera de los muros del Parlamento negocien la posibilidad de aliarse a La Libertad Avanza en territorio porteño y bonaerense para los comicios legislativos del año próximo.
A la vez, los gobernadores aliados irán por las promesas hechas por el Gobierno en las negociaciones por su respaldo a la Ley Bases y los vetos de Milei. “Fue el último gesto”, advirtieron desde el mandatario catamarqueño, Raúl Jalil, en referencia a la ausencia de Fernanda Ávila del recinto durante el tratamiento del financiamiento universitario. Algo similar ocurre con los otros gobernadores peronistas que ayudaron a sostener el veto: Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones). Ni que hablar de los mandatarios de Juntos por el Cambio (JxC) u otros independientes que supieron colaborar con la gestión de Milei sin recibir las contraprestaciones prometidas, como el cordobés Martín Llaryora, que siguen reclamando los giros adeudados de la Anses para unas 13 cajas de jubilaciones no transferidas, así como también las deudas con las obras públicas en ejecución, entre muchos otros temas.
Muestra del complejo escenario es el hecho de que los distintos bloques ya trabajan en sus propios proyectos y se descuenta que habrá, como mínimo, cuatro dictámenes para el Presupuesto 2025: uno de LLA, otro de UxP, un tercero de la izquierda y uno de Encuentro Federal junto a la Coalición Cívica, parte de Innovación Federal y una parte del radicalismo.
Por las dudas, el Ejecutivo ya advierte que “no le preocupa” que el Presupuesto no se apruebe, sugiriendo que puede seguir gobernando por decreto. “Somos una ‘re minoría’ en el Congreso y puede ser que no tengamos el número para aprobar el Presupuesto y puede ser que no se apruebe. Si no se aprueba, quedará vigente el Presupuesto anterior, tampoco nos asusta”, advirtió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien insistió en que “Milei no le tiene miedo a nada y está convencido de lo que está haciendo. A él no le preocupa y espera que el Presupuesto que mandó se apruebe, pero si no se aprueba él les dirá a los argentinos ‘vamos a gobernar de esta forma’”.
Ante este panorama, donde la Casa Rosada gobernaría a puro decretos y veto de las iniciativas opositoras, las fuerzas disidentes buscarán avanzar con una modificación de la Ley 26.122 que regula el dictado de los DNU para facilitar su anulación por parte del Congreso. Este será otro de los ejes de disputa.
Una pérdida de US$5.000 millones
Si el proyecto de Ley de Presupuesto para 2025 se aprobara tal como fue enviado por el Poder Ejecutivo en el Congreso, las provincias perderían al menos US$ 5.000 millones en sus recursos.
Así lo destacó un informe realizado por la Fundación Encuentro sobre datos oficiales, que dio cuenta que esta pérdida de ingresos obedecería a la eliminación de tres asignaciones específicas que implican una resignación de recursos para las provincias de $ 6 billones.
Las asignaciones que se buscan suprimir son las del 11% de IVA, los fondos y fideicomisos del impuesto a los combustibles y el componente impositivo del Monotributo que se asigna a la Seguridad Social.
Tomando el tipo de cambio del Presupuesto a diciembre de 2025, esta quita equivaldría a unos US$ 5.000 millones, destacó el informe. Solo para la provincia de Buenos Aires, esta quita representaría $1,2 billones, según los cálculos.
