El Gobierno volvió a demostrar ayer su capacidad para la rosca legislativa al conseguir sostener el veto a la Ley de Financiamiento Universitario gracias al respaldo de Mauricio Macri y el PRO, el voto de cuatro de los cinco radicales “con peluca” y el apoyo estratégico de diputados que responden a cuatro gobernadores aliados (el catamarqueño Raúl Jalil, el tucumano Osvaldo Jaldo, el chubutense Ignacio Torres y el misionero Hugo Passalacqua).
De esta manera, la Cámara de Diputados dejó firme el veto presidencial a la norma que actualizaba el presupuesto universitario según la inflación, pese al fuerte rechazo social que se manifestó masivamente la semana con las marchas en todo el país, que ayer se repitieron en Capital Federal.
Los bloques de Unión por la Patria (UxP), UCR, Encuentro Federal, Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Por Santa Cruz, Producción y Trabajo y algunos legisladores monobloquistas lograron reunir 159 votos para rechazar el veto, pero no fue suficiente. Con 85 votos, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), más el apoyo de sus bloques afines, logró sostener el blindaje que supo construir para respaldar también el veto a la reforma jubilatoria, que actualizaba los haberes de la clase pasiva. Como se dijo, el oficialismo recibió el voto de la mayoría del PRO; cuatro diputados de la UCR; el MID; el bloque tucumano Independencia y Paula Omodeo de Creo, aunque fue fundamental para el resultado las cinco abstenciones y ocho ausencias de los gobernadores ya citados.
En el bloque que preside Miguel Pichetto también hubo movimientos sospechosos: horas antes de la sesión, la cordobesa Alejandra Torres avisó que no concurriría por “problemas de salud”. Más alevoso fue el cambio en el voto del chubutense Jorge “Loma” Ávila, quien estaba decidido a votar a favor de la universidad pública hasta que recibió el llamado de su gobernador, Ignacio Torres, para que se ausentara. Lo del mandatario chubutense no quedó en ese gesto: también operó para que la otra diputada que le responde, Ana Clara Romero (PRO), quien se había solidarizado con las universidades públicas, votara a favor del veto. En UxP llamó la atención la ausencia de la catamarqueña Fernanda Ávila, posiblemente inducida por el gobernador Jalil, que se venía acercando al Gobierno.
También ayer fue determinante la división de la UCR para desnivelar la balanza a favor del Gobierno. Ocurre que los cinco “radicales con peluca” volvieron a jugar en contra de su propia bancada: el cambio más explícito fue el del misionero Martín Arjol, que en la sesión del 15 de agosto había votado a favor del financiamiento universitario y ayer respaldó el veto. Los otros tres radicales que acompañaron al oficialismo fueron Mariano Campero, el cordobés Martín Picat y José Federico Tournier, mientras que Pablo Cervi se abstuvo. Con que tres de ellos hubieran votado con la oposición se habrían alcanzado los dos tercios y el debate habría continuado en el Senado, donde las previsiones eran bastante favorables para voltear el veto.
Una alianza legislativa con el PRO
“El equilibrio fiscal es política de Estado: es absolutamente innegociable”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, apenas se conoció el resultado de la votación.
Ocurre que el principal argumento del Gobierno era que la ley de financiamiento universitario comprometía las cuentas públicas y el plan económico de Javier Milei, aunque el porcentaje que representaba para el PBI fuera tan solo del 0,14%.
A su vez, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró “este triunfo heroico de los diputados que preservaron el equilibrio fiscal y trabajan por una universidad con libertad”.
Lo cierto es que el triunfo se debe sobre todo al respaldo del ex presidente Mauricio Macri y el PRO, con el que ya están pensando en formar un interbloque. “Se consolida cada vez más un bloque que juega con el Gobierno y otro que lo hace con el kirchnerismo”, dijeron desde las filas del asesor presidencial Santiago Caputo.
El radicalismo vuelve a salir golpeado
Uno de los espacios más golpeados por la votación fue el radicalismo, que volvió a ser traicionado por los cinco legisladores afines al oficialismo, pese a que se trataba de una ley propia.
El presidente del bloque, Rodrigo De Loredo, aseguró que “es falso” que el aumento de las universidades pueda “quebrar el equilibrio fiscal” y lamentó el “discurso absolutamente lesivo que tiene el Gobierno sobre las universidades nacionales”.
“Es tan rudimentariamente falso que los últimos acercamientos de propuestas que hace el Gobierno prácticamente empardan lo que dicen que quiebra las finanzas”, aclaró.
A su vez, el senador Martín Lousteau se mostró indignado con la votación. “El Gobierno, con la complicidad de algunos legisladores aliados y opositores, y utilizando recursos de todo tipo, provocó que la Cámara de Diputados termine dándole la espalda a una sociedad que dejó en claro que está a favor de la educación pública”, afirmó.
