El gobierno nacional redobló las negociaciones en las últimas horas para evitar una nueva derrota en el Congreso, donde el miércoles se debatirá en la Cámara de Diputados su reciente veto a la ley de financiamiento universitario, en un contexto caldeado tras la histórica movilización nacional de la semana pasada.
La estrategia oficial se ejecuta a dos bandas. Por un lado, el Gobierno convocó para hoy a los gremios y a dirigentes universitarios para intentar acordar una mejora salarial que sirva para menguar el conflicto, agudizado tras la movilización. Pero más importante aún, activó un operativo para apaciguar la ira de los partidos aliados y seducirlos de cara a la votación del miércoles, especialmente el PRO. Con ese objetivo, el asesor todopoderoso del Ejecutivo, Santiago Caputo, se comunicó con Mauricio Macri y lo recibió en sus oficinas para escuchar sus planteos y bajar la tensión.
Los resultados se vieron casi de inmediato: el presidente del PRO -cuyos votos son claves para el oficialismo a la hora de intentar sostener el veto en la Cámara baja- publicó ayer una dura carta contra el “kirchnerismo” donde lo acusó de un manejo “con fines políticos” de los fondos que recibieron las universidades durante los últimos años. “En el debate televisivo sobre la universidad, quedó claro que la UBA enfrenta una crisis de transparencia; desde 2015 no ha presentado ni una sola factura”, sostuvo Macri en su texto, donde aseguró que la discusión no se centra en “la autonomía universitaria”, sino que “lo que realmente está en disputa es ‘la suya’: la parte del presupuesto que se desvía hacia la política”, aseveró.
“La necesidad urgente de conocer el destino del dinero que reciben las universidades y su uso no se limita solo a la UBA, sino que abarca también a la red de universidades que, durante el kirchnerismo, fueron utilizadas con fines políticos. Algunas de estas instituciones han estado involucradas en escándalos de sobreprecios en la compra de equipamiento a gran escala”, planteó el ex mandatario sin más datos y concluyó que “la defensa de la universidad pública, su acceso libre, gratuito y democrático, requiere poner fin al uso político de los recursos universitarios”.
Para más, el diputado designado por Macri para llevar a cabo las negociaciones con el Gobierno, Diego Santilli, reveló ayer que acompañará el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, aunque aclaró que la posición del bloque se definirá mañana. Algunas fuentes anticipan, empero, que el bloque del PRO -que tiene 38 integrantes- podría votar dividido.
Por otro lado, el Gobierno convocó a los gremios universitarios para hoy a las 17, con el objetivo de conformar una “comisión técnica” para avanzar en la discusión paritaria y en otras problemáticas del sector. Esta nueva mesa estará formada por tres miembros de la Subsecretaría de Políticas Universitarias y por tres representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Dura respuesta de la UBA
Luego de que el ex presidente Mauricio Macri criticara el “uso político” de los fondos públicos en la Universidad de Buenos Aires (UBA), la institución salió a responder las declaraciones para “no confundir a la sociedad”.
“Los comentarios del ex presidente Macri están totalmente equivocados. O tiene un profundo desconocimiento sobre el tema o falta groseramente a la verdad. Las Universidades Nacionales son auditadas dentro del marco normativo vigente por la Auditoría General de la Nación (AGN), que audita a todo el Estado Nacional y no solo a las universidades.
En el caso particular de la UBA, la última auditoria que la AGN realizó, finalizó en el año 2023, tal cual se desprende de la propia página web del organismo (https://www.agn.gob.ar/)”, explicó el rector Ricardo Gelpi, que además destacó las auditorías internas a cargo de cuerpos colegiados donde “todos los claustros están incluidos”.
