El procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó hoy el dictamen para que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) funcione como órgano auditor de las universidades nacionales, en medio del conflicto por la toma de las sedes de las casas de altos estudios en distintos puntos del país.
Barra informó que el sistema de control interno previsto está incluido en la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y de aplicación a las universidades nacionales, detallaron fuentes oficiales.
La resolución fue informada a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y en respuesta a la solicitud que habían hecho legisladores del PRO y el MID ante el Gobierno nacional en el marco de las mesas conjuntas que funcionan en Casa Rosada.
Hasta hoy, solo la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que depende del Congreso, podía llevar adelante las auditorias.
Ese cuerpo está encabezado por Juan Manuel Olmos, dirigente peronista y vicejefe de Gabinete durante el gobierno de Alberto Fernández.
La conclusión del dictamen firmado por Barra establece que «a la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales».
Se justifica en que «el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521″.
Esta decisión anula la resolución del ex procurador del Tesoro Carlos Zannini, quien en noviembre de 2022 había determinado que las universidades quedaban exentas de la aplicación del artículo 100 de la ley de Administración Financiera.
En 2023, el entonces ministro de Educación, Jaime Perzyck, firmó un convenio con la SIGEN para habilitar la posibilidad de solicitar auditorías por parte del organismo.
Al respecto, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, destacó la modificación porque, dijo, «el Ejecutivo tendrá participación en la revisión financiera y operativa que está actualmente cargo de la oposición a través de la AGN«.
«Logramos revertir la norma que impulsó Zannini en 2022 para evitar que el Gobierno nacional pueda auditar los gastos de las universidades nacionales», sintetizó a través de sus redes sociales.
La decisión de la administración libertaria va en sintonía con los permanentes cuestionamientos del presidente Javier Milei al sector universitario, al denunciar falta de transparencia en las cuentas de las altas casas de estudio.
«¿Por qué no quieren ser auditados sin no están en discusión la universidad pública, si no está en discusión que es no arancelada? ¿Tanto problema porque los queremos auditar?», planteó este martes en una entrevista para La Nación+, y concluyó: «No quieren ser auditados los que están sucios. Todo este revuelo es tomar una causa noble y ocultar los curros de los delincuentes».
El mandatario se expresó en estos términos en pleno auge de la protesta estudiantil en rechazo al veto presidencial de la ley de Financiamiento Educativo, con tomas en más de 80 facultades, clases públicas y asambleas.
