Amado Boudou, ex vicepresidente de Cristina Kirchner y condenado por la causa Ciccone, no recibirá más su jubilación de privilegio, según una resolución de Anses publicada este viernes. De esta forma, dejará de percibir más de ocho millones de pesos.
En la mañana del jueves, el Ejecutivo hacía público que Cristina Kirchner, cuya condena ratificó la Cámara Federal de Casación el miércoles, perdería su jubilación de privilegio, desde el momento en que se comunicaba. Lo mismo sucedió este viernes con el vicepresidente de una de las administraciones al frente de Fernández de Kirchner: Amado Boudou. Por disposición del Ministerio de Capital Humano, dejará de cobrar $ 8.153.816.
«La resolución encontró sustento en el hecho de que haber sido encontrado culpable de un delito contra la administración pública en el ejercicio de su función pública, tornaba inadmisible que pudiera seguir percibiendo de modo directo o derivado, asignaciones de privilegio de las que resultaba beneficiaria», sostiene el fallo de Anses.
Y avanza: «(Hay que) destacar la ejemplaridad que la pérdida de estos privilegios tiene para la sociedad entera y para la clase política que debe recuperar los valores éticos e institucionales que supieron cultivar nuestros próceres y padres fundadores».
También explica el organismo que responde a la cartera comandada por Sandra Pettovello, Capital Humano, su criterio para interpretar la ley que garantiza jubilaciones de privilegio para ciertos funcionarios públicos: «Que el beneficio para ex Presidentes y ex Vicepresidentes de la Nación es una asignación graciable, que se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo».
Horas antes, Manuel Adorni, portavoz presidencial, anunciaba la revocación de la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner: «La señora fue condenada por la Cámara como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, el mérito y el buen desempeño».
Boudou comenzó a cobrar su pensión de privilegio en agosto de 2020, cuando su condena ya tenía confirmación por parte de la Cámara de Casación y estaba siendo estudiada por la Corte Suprema, que finalmente la confirmó cuatro meses más tarde: cinco años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en la causa Ciccone Calcográfica.
