El secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, Martín Siracusa, intimó al Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca) y al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) a abonar casi 40 millones y medio de pesos en concepto de un «pago solidario» por «los costos operativos ocasionados el 27 de diciembre para que cesaran actos ilegítimos y mantener el orden».
El 27 de diciembre la CGT, ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma) y varios movimientos sociales se movilizaron hacia el Palacio de Justicia, en la Plaza Lavalle de la ciudad de Buenos Aires, en rechazo del decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Gobierno y para realizar respectivas presentaciones judiciales y amparos contra esa medida. En tanto, la CTA Autónoma y la Federación Nacional Territorial recibieron multas de hasta $56.760.282,58 por la movilización a la Jefatura de Gabinete que realizaron el día 22 de diciembre.
«En virtud de las Resoluciones 943 y 949/23 y varios informes se determinaron los gastos ocasionados el 27 de diciembre último y las organizaciones que participaron en la interrupción total o parcial del tránsito vehicular, por lo que intimo al sindicato camionero al pago solidario de $40.419.227,56 en el plazo de 10 días hábiles», afirmó Siracusa en la carta-documento.
El funcionario de la cartera que encabeza la ministra Patricia Bullrich sostuvo que el gremio deberá abonar ese «pago solidario» en «el plazo perentorio de 10 días hábiles luego de recepcionada esta carta-documento», que envió el miércoles a través del Correo Argentino.
«El pago deberá realizarse en concepto de costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos de ese día en miras de mantener el orden público», dijo Siracusa, quien advirtió que si no se cumple «se iniciarán acciones legales pertinentes».
En la misiva al gremio que lideran Hugo y Pablo Moyano, el funcionario afirmó que el pago solidario obedece a la necesidad de cubrir «los gastos producidos el 27 de diciembre» por las organizaciones que participaron «total o parcialmente en la interrupción del tránsito».
Además de Camioneros, UOM, UTEP, CTA y Uocra, las organizaciones multadas por esa movilización fueron Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (Fempinra), Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops), Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Asociación Civil Polo Obrero y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD).
También el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), Agrupación de Izquierda Socialista, Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), Sindicato Único de Trabajadores de Neumáticos Argentino (Sutna) y Conadu Histórica.
Por otro lado, con una similar misiva, la cartera de Seguridad intimó a distintas organizaciones a pagar multas de $56.760.282,58 por los costos del operativo producto de la protesta del 22 de diciembre, también en contra del DNU con el que el Gobierno estableció la desregulación de la economía.
Entre ellas están Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Federación Nacional Territorial, libres del Sur, Frente Barrial CTA, Federación de Trabajadores por la Economía Social (Fetrares) y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
En el caso de UTEP y CTA, ambas organizaciones fueron notificadas por el costo de los operativos de las dos jornadas de protestas.
«Desde la CTA autónoma rechazamos y repudiamos esta acción persecutoria, discriminatoria y de abuso de poder por parte del Ministerio de Seguridad, y vamos a avanzar en nuevas denuncias ante organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, ya que el protocolo es una norma que viola el derecho constitucional a la acción sindical, al derecho de organizarse y a reclamar que tenemos los trabajadores y trabajadoras», indicó la CTA en un comunicado.
La central obrera calificó las multas como «actos de persecución de intimidación» por parte del Gobierno, que pretende -aseguran- «sostener una norma que es claramente inconstitucional».
«Además, quiere atribuirnos un delito que de ninguna manera hemos cometido. Las y los trabajadores ejercemos nuestro derecho constitucional a la protesta», agregan en el texto firmado por el secretario general de la CTA, Hugo Godoy.
También el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, repudió los telegramas, criticó al Gobierno por «irracional» y recordó que en el país «sigue vigente la libertad de expresión, de manifestación y el derecho de huelga».
«Cesantea empleados públicos, y cuando los sindicatos ejercemos nuestro derecho constitucional de protesta y manifestación, pretende cobrarnos los gastos del operativo que ellos mismos decidieron montar», indicó Aguiar en su cuenta de X, donde adjuntó una imagen del telegrama que recibió el gremio.
Por su parte, el secretario general del Sipreba, Agustín Lecchi, también cuestionó la multa recibida al calificarla como una «cruzada anti democrática» por parte del Gobierno de Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes pretenden realizar -dijo- un «brutal ajuste» al que «se suma la represión».
«Repudiamos este hecho inédito en 40 años de democracia, que atenta contra la Constitución Nacional, y sostenemos nuestro derecho a la protesta. Vamos a seguir en las calles defendiendo todos los derechos», indicó Lecchi en su cuenta de la red social X.
El envío de estos telegramas se suman a las sanciones por $60 millones que el Gobierno estipuló para 14 organizaciones sociales por el operativo de seguridad implementado durante la movilización del 20 de diciembre pasado.
«40 palos de multa a organizaciones obreras que nos movilizamos el 27/12. Esto se suma a otros 64 millones también al Polo Obrero y otras organizaciones por la movilización del 20/12. Así piensan hacer pasar el Rodrigazo, se ve que con el protocolo de Bullrich no les alcanza», se quejó en su cuenta de X el diputado del Frente de Izquierda (FIT) Néstor Pitrola.
