Luego de interminables negociaciones entre el Gobierno y la oposición dialoguista (PRO, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal) en el más estricto secreto, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados había comenzado a debatir anoche, al cierre de esta edición, el dictamen oficial del proyecto de Ley ómnibus promovido por el presidente Javier Milei para aplicar una drástica reforma de la economía y las tradiciones institucionales de la Argentina.
En vísperas del primer paro general convocado por la CGT contra el Gobierno (ver Los sindicatos…), el oficialismo habría conseguido llegar a un acuerdo con los bloques “dialoguistas” para dar dictamen de mayoría a la polémica iniciativa, pese a la alta tensión que dominó la jornada. Al mismo tiempo, las fuentes anticipaban que persistían las diferencias en torno a temas sensibles como las retenciones y la actualización de las jubilaciones, por lo que la aprobación final de la norma era una verdadera incógnita.
La agotadora jornada de negociaciones incluyó hasta amenazas del presidente Milei a los gobernadores, a quienes acorraló con una medida del Banco Central que los obliga a afrontar sus obligaciones –como el pago de salarios- con recursos propios, sin posibilidad de recurrir al endeudamiento. Aun así, el oficialismo aseguraba anoche que “hay acuerdo” con los bloques “dialoguistas”, sobre todo luego de que el Gobierno aceptara reformar algunos artículos del proyecto de ley solicitados por los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC): son iniciativas vinculadas al blanqueo de capitales –que será coparticipado-, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses –cuya liquidación se compartiría con la provincias-, al salario mínimo docente y al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, según informaron.
Si bien los cambios implican una mayor distribución de recursos para las provincias (que por ejemplo recibirán fondos de la venta del FGS para saldar las deudas de la Nación con las cajas provinciales y las sentencias firmes de los juicios de jubilados), lo cierto es que se mantenía el malestar de los mandatarios con la persistencia del aumento de las retenciones agropecuarias, que el Gobierno no estaba dispuesto a ceder. Por eso, las fuentes de los bloques dialoguistas aclaraban anoche que sus diputados firmarían en disidencia e incluso se anticipaban fuertes divisiones en las bancadas. “Habrá negociaciones hasta último momento, incluso durante la sesión en el recinto. Si persisten los desacuerdos, la cuestión se definirá en la votación en particular de cada uno de los artículos”, anticipaban las fuentes, que descontaban que el final está abierto.
La Coalición Cívica, incluso, anticipó que firmará un dictamen propio, sin avalar las facultades delegadas, ni la actualización jubilatoria ni la liquidación del FGS. Margarita Stolbizer y la socialista Mónica Fein también anunciaron la presentación de un texto propio e incluso parte del radicalismo -ligado a Facundo Manes- ni siquiera firmará el dictamen del oficialismo. “Las reformas no pueden hacerse a expensas del ajuste de los jubilados, ni del aumento al impuesto a la producción y exportación y mucho menos con el otorgamiento de poderes”, anticipó por caso el diputado Martín Tetaz (UCR).
Ni hablar de Unión por la Patria (UxP) o la izquierda, que directamente votarán en contra de la iniciativa oficial. De esta manera, pase lo que pase con el dictamen, la suerte final del proyecto recién se definirá mañana, cuando el oficialismo pretende tratar la iniciativa en el recinto, donde cualquier cosa puede suceder.
Milei amenazó a los gobernadores con un mayor ajuste
El presidente Javier Milei se puso ayer al frente de las presiones para persuadir a la oposición de que acompañe la Ley ómnibus con una curiosa estrategia: amenazó a los gobernadores con un recorte de fondos.
“Si no se aprueba la Ley, el ajuste va a ser peor para todos, sobre todo para las provincias”, advirtió Milei; mientras que su vocero, Manuel Adorni, fue más allá al amenazar directamente a los distritos. Si no se aprueba la norma, “el ajuste de las cuentas públicas va a incluir el análisis de todas y cada una de las partidas que el Gobierno nacional transfiere a las provincias, en todos los conceptos que se pueda ocurrir”, advirtió Adorni.
Poco después, se conoció que el Banco Central decidió no extender la autorización que tenían los bancos provinciales a otorgarles créditos a los gobiernos locales, que en su mayoría estaban destinados a financiar los desequilibrios de las cuentas de cada jurisdicción, en un apriete directo del Ejecutivo nacional.
Dictamen de la CC
La Coalición Cívica, que formalmente integra el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetti (Hacemos Coalición Federal), anunció ayer por la tarde que no acompañará el dictamen del oficialismo y presentará un texto propio que no incluya varias de las medidas más cuestionadas, como las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, así como también tendrá un recorte del número de emergencias, no aumentará las retenciones y respetará su posición histórica en rechazo al financiamiento privado de las campañas electorales.
Tampoco están de acuerdo con el plan del oficialismo de mantener la fórmula actual de actualización de jubilaciones para reemplazarla en marzo por una actualización en base a la variación del IPC recién a partir de abril próximo.
