La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados resolvió hoy avanzar en la elaboración de un informe con la formulación de cargos contra los integrantes de la Corte Suprema por las causales de los fallos del 2×1 en favor de represores, del Consejo de la Magistratura y de Coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, tras considerar que la etapa de investigación por mal desempeño ya está concluida.
Así lo anunció la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos), a pedido de su colega Rodolfo Tailhade, tras lo cual el oficialismo lo puso a votación y el FdT impuso su mayoría para avanzar en la elaboración de esos cargos por las causales que el cuerpo parlamentario investiga desde el pasado 26 de enero.
Gaillard sostuvo que la intención de la comisión es «ir concluyendo cada una de las investigaciones y si ya están todas las constancias probatorias darles la posibilidad a los jueces, según lo establece el artículo 13 del reglamento interno, de que puedan presentar el oportuno descargo».
La propuesta de Tailhade fue planteada tras haber agotado los temas por los cuales se investiga el accionar de los integrantes de la Corte Suprema en los casos del fallo 2×1 que benefició a un represor de la dictadura militar; el que ordenó restituir fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y el que volvió a reformar el Consejo de la Magistratura. También está la acusación por manejo supuestamente irregular de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.
De esta manera, en la próxima reunión los diputados expondrán los cargos contra los magistrados y se les correrá traslado para que puedan hacer su descargo, aunque podrían no utilizar ese mecanismo.
En su planteo, Tailhade sostuvo que «agotada la investigación propongo que se formulen cargos y se corra traslado a jueces y que ellos si quieren hacer descargo lo puedan hacer. Esperemos que no pase lo del bochorno de (Juan Carlos) Maqueda, que no hizo ningún comentario», tras las acusaciones que se le formularon por su accionar al frente de la obra social judicial.
«Estaríamos en condiciones de formular el planteo para que la Presidencia en la próxima reunión presente los cargos y pruebas para que se corran los cargos y se vote para que el martes ponga en consideración», aseveró el legislador del FDT.
En el caso de Maqueda y la obra social en junio pasado, si bien se lo había citado, el magistrado no respondió ni hizo uso de la posibilidad de descargo.
Por su parte, desde la Coalición Cívica, Juan Manuel López, aclaró que su espacio no acompañaría esa votación y recordó que «hay alrededor de 190 testigos que fueron aprobados y nunca fueron citados» y que «hay causales que ustedes mismos ampliaron a raíz de los fallos de la Corte Suprema respecto de las elecciones provinciales en San Juan y San Luis». «Queremos tener un poco más de certeza, sobre todo de cierta prueba que nosotros queremos que se produzca», afirmó el legislador de la CC.
Previamente, Gaillard precisó que se resolvió postergar a pedido de la Coalición Cívica, para el próximo martes 10 de octubre, la ampliación de la investigación en torno al supuesto «abuso de poder» contra el expresidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, que ya había sido impulsado por la exdiputada Elisa Carrió, y que contará la próxima semana con la presencia de testigos.
El primero en exponer fue el secretario letrado de la Secretaria Judicial Número 7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte, Gustavo Naveira de Casanova, quien ante una consulta de los diputados precisó que trabaja en el máximo tribunal desde el año 2018 y, afirmó: «No he recibido de ningún ministro un pedido de recusación por haber transcurrido más de 5 años, ni otro plazo, sólo del doctor (Carlos) Rosenkrantz».
En tanto, también declaró el periodista de El Destape Ari Lijalad, que investigó supuestos vínculos del juez Rosenkrantz con importantes empresas, donde hizo referencia a unos 56 fallos favorables a exclientes entre los cuales se encontraban Telecom, Artear, Multicanal, YPF, supermercados DIA y la empresa Piero y los cuatro dictados en favor de la provincia de Santa Fe y otros de Corrientes.
El periodista brindó testimonio por su nota titulada «Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes», publicada el 16 de junio de 2022 en la que denunció que «el miembro de la Corte no se excusó de intervenir al tratarse fallos de clientes para los que trabajó».
«Hice un trabajo sencillo buscado de fuentes públicas y abiertas; ahora son 56 fallos en los que intervino el juez», dijo Lijalad, al tiempo que detalló el listado de exclientes y su intervención en los fallos. «3 fallos vinculados a Telecom, 1 fallo que involucra a Artear, 3 fallos que involucran a Supercanal, 3 fallos que involucran a AMX (Claro), 3 fallos que involucran a la provincia de Corrientes, 4 fallos que involucran a la provincia de Santa Fe, 27 fallos que involucran a YPF», entre otros. «Está comprobado que fueron sus clientes e intervino en esos pleitos», declaró.
«En mi interpretación, Rosenkrantz no solo inventó el plazo de los cinco años, sino que tampoco lo cumplió porque hay 21 fallos anteriores en los cuales sí intervino y que corresponden a exclientes», explicó en referencia a una nota de 2021, en la que el juez avisa a los otros miembros de la Corte que no se va a recusar en causas de expupilos porque «ya pasaron 5 años desde su patrocinio».
Por su parte, el periodista Juan Alonso, testificó por la nota «Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe», publicada el 26 de marzo de este año en El Cohete a la Luna, donde se hace referencia a un juicio por coparticipación de la provincia de Santa Fe. En el artículo se denuncia un acuerdo homologado por el máximo tribunal en el que «entre un 15 y un 20 por ciento sería para los abogados de la causa», agregó.
Según Alonso, buscó «revelar lo que durante 14 y 15 años se litigó entre la provincia Santa Fe y el Estado Nacional» y que «nunca se había dado a conocer el contrato original de la gestión del exgobernador (Hermes) Binner con los estudios en cuestión de Rosenkrantz y (el abogado Ricardo) Gil Lavedra, que se publicó por primera vez en ese artículo». «Hay un fallo de la Corte que le da la razón a la provincia, pero tiene que regular los honorarios de Rosenkrantz, que es, a la vez, juez de la Corte. Se da una situación, por lo menos, llamativa», añadió Alonso.
Por último, Roberto Saggese, de la vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, declaró sobre la causal «Consejo de la Magistratura» por la que había sido citado el 21 de septiembre pasado.
El funcionario judicial, quien ingresó en 2021 a la vocalía, consideró que en la causa Colegio de Abogados «hubo legitimación» y que no tuvo a la vista «ningún proyecto anterior, el primer trabajo fue el análisis de este tema y la consideración de la firma de Rosatti».
