El presidente Alberto Fernández emitió ayer un mensaje en cadena nacional donde anunció que instruyó al Ministerio de Justicia para que “se investigue penalmente” el supuesto viaje en un vuelo privado a Lago Escondido que habrían protagonizado un grupo de empresarios, ex funcionarios porteños, ex espías, jueces y fiscales, presuntamente invitados por el Grupo Clarín, según surgió de un supuesto intercambio de chats y audios entre los protagonistas conocido el domingo.
En su mensaje, el jefe de Estado consideró que “lastima la democracia ver la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios”, y aseguró que “es hora de que empiecen a rendir cuentas por sus conductas”.
“Un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, ex funcionarios públicos y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido. Allí, habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis”, explicó Fernández, quien consideró que “parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido”, completó.
“Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan”, agregó Fernández, quien aseveró que “no dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quién financió el traslado y hospedaje de los viajantes”.
“Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos”, enfatizó Fernández, quien aseguró estar convencido de que debe haber un “Nunca Más” con las prácticas que “dañan la institucionalidad de la República”, por lo que explicó que había resuelto una serie de medidas. “Instruir al Ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento”, detalló.
También dispuso “instruir al representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales”. Y por último solicitó “al bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados. Una vez más, solicitar al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación”, concluyó el Presidente.
Denuncian una operación de inteligencia
El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, salió a responder ayer las versiones sobre su participación en el un viaje al sur con jueces federales y miembros del Grupo Clarín, al denunciar que su teléfono fue hackeado y que los chats que lo involucran fueron “creados”.
“Son capaces de meterse, según ellos, al teléfono del ministro de la Ciudad de Buenos Aires, reconstruir un chat y dejar plasmado cómo se articula todo el poder y el lawfare pero no pueden abrir el teléfono de cuatro personas que intentaron asesinar a la Vicepresidente”, afirmó D’Alessandro, quien consideró que “son chats que se crearon”.
“Se va a comprobar que están editados, se va a comprobar que hay cosas que no existieron. Los que me conocen saben que yo no hablo de manera que está ahí”, aseguró el funcionario porteño, quien afirmó que “es un método que tienen, de usar servicios, mecanismos ilegales que sólo se vieron en dictadura”.