Un plenario de comisiones del Senado avanzó este miércoles en la firma del dictamen del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que propone una reforma al Consejo de la Magistratura y sería tratado en el recinto la semana próxima.
En el cierre de un debate de dos días en comisión, los senadores del oficialismo firmaron un dictamen de mayoría de apoyo a la propuesta del Gobierno, mientras que Juntos por el Cambio informó que firmaría un dictamen por separado y el senador de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilnek, presentó un tercer proyecto.
El titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek, explicó que «cada bloque emitirá su dictamen» para el debate final en el recinto y pasó a la firma el proyecto del Poder Ejecutivo.
El presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli, confirmó el apoyo de su espacio a la propuesta de la administración de Alberto Fernández.
El representante del bloque de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilnek, que habitualmente acompaña los proyectos del Gobierno, adelantó que esta vez firmaría una iniciativa de su autoría.
«Hemos discutido bastante sobre un solo tema que es la participación de la Corte y esto amerita otra discusión que es el federalismo en serio», sostuvo al argumentar su firma por separada.
El interbloque de Juntos por el Cambio que conduce Alfredo Cornejo y que en el plenario estuvo representado por Luis Naidenoff y Guadalupe Tagliaferri, informó que firmaría un dictamen por separado para llevar al recinto.
El Senado retomó esta mañana el debate sobre el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, en un plenario de comisiones en el que abogados constitucionalistas y representantes de distintos estamentos se expresaron en general a favor de la modificación del organismo.
El primero de los expositores fue Darío Kuzinski, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de José C. Paz, que declaró que «se trata de un proyecto que debería promulgarse antes del 16 de abril para poder garantizar el funcionamiento de un organismo tan importante».
Kusinky destacó que el proyecto del Gobierno mejora la representación de los distintos estamentos y genera un equilibrio y ponderó el hecho de que se prevea que sea «el propio Consejo el que elija a sus autoridades».
Alfredo Vitolo, presidente de Foro de Estudios Sobre la Administración de Justicia (Fores), consideró que «no se deben ver fantasmas» en el dictado del fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la conformación actual del Consejo y señaló que se trata de «facultades que tiene».
«El Consejo no tiene asignado el gobierno del Poder Judicial, el Poder judicial sigue en poder del Consejo, tiene el poder de organizar, esto es central para entender el funcionamiento», explicó.
El especialista subrayó la importancia del proyecto para que «esta ley no sea considerada de un partido o de otro» y opinó que la presidencia del Consejo «deber estar en poder de la Corte porque es la única forma de articular el poder de los dos organismos».
El constitucionalista Daniel Sabsay consideró, por su parte, que la Corte Suprema de Justicia «no extorsionó ni hizo golpe de Estado», en respuesta a dichos de ayer del ministro de Justicia Martín Soria en el mismo plenario, y afirmó que lo que hizo la Corte fue «volver las cosas a su sano juicio, tarde pero lo hizo».
Sabsay aseguró que «es de gravedad institucional que un ministro insulte a la Corte» y reafirmó que el proyecto que propone el Poder Ejecutivo «es abiertamente inconstitucional porque no incorpora al presidente de la Corte».
El Consejo argentino -subrayó- «es el único Consejo que tiene representantes políticos» y cuestionó que «se quiera despolitizar» el cuerpo pero esto «es raro, es extraño».
El abogado constitucionalista Diego Spota manifestó que «la política sí debe estar representada» en el organismo y sostuvo que el fallo del máximo tribunal «supone una ventana de oportunidad para que se mejore, que no necesariamente es inconstitucional pero que sí podía ser mejorado».
«Tiene que haber un representante de la Corte lo que no necesariamente supone que presida el Consejo», añadió, y precisó que el Poder Ejecutivo sí tiene que estar y después se puede discutir si es con o sin voto».
Diego Marías, consejero de la Magistratura de la Nación, declaró que «la verdadera agenda de la Justicia» reclama «una revolución tecnológica que acompañe los tiempos, no pasa por una reforma» y agregó que no cree que sea «imprescindible que senadores y diputados integren el Consejo».
No obstante, el abogado indicó que «lo único que nos saca de esto es una nueva ley».
La intención del oficialismo es firmar hoy mismo el dictamen de comisión y debatir el asunto en el pleno de la Cámara alta la próxima semana.
