La Asamblea Constituyente de Jujuy tiene previsto jurar hoy la reforma parcial de la Carta Magna provincial que impulsa el gobierno de Gerardo Morales, en un contexto de movilización por parte de las comunidades originarias que mantenían un corte de la ruta nacional 9 a la altura de Purmamarca, al norte de Jujuy.
Morales ratificó anoche el artículo 67 de la reforma parcial de la Constitución provincial, la que -explicó- «prohíbe los cortes de rutas y calles» y la «ocupación de edificios públicos».
A la vez, anunció que planteará la «reconsideración» de otros artículos, el 36 y el 50, relacionados con derechos de los pueblos originarios, que volverán «a la vieja redacción», tras reconocer «dudas» en las comunidades indígenas.
En principio, la jura está prevista para las 18.30 en las instalaciones del Teatro Mitre de la Cuidad de San Salvador de Jujuy, según adelantaron la semana pasada fuentes oficiales.
«No se puede tomar una escuela, no se puede tomar un hospital y no se puede cortar calles y no se puede cortar rutas», señaló Morales al ratificar el artículo 67 de la reforma constitucional que fue aprobada la semana pasada por la Asamblea Constituyente y cuya jura está prevista para hoy.
El precandidato presidencial defendió la reforma en una conferencia de prensa en donde explicó los incisos que componen el artículo 67, entre los cuales, reiteró, «está la prohibición de los cortes de rutas y calles, y la ocupación de edificios públicos», y aseguró que ese punto de la reforma «no se modifica».
«Hay quienes quieren la violencia y creen que la comisión del delito de corte de ruta es una modalidad de protesta y no lo es», apuntó.
El mencionado artículo 67, titulado «El derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica», señala en su tercer inciso que «el Estado debe asegurar, como base fundamental de la convivencia democrática pacífica, que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de otros», para más adelante sostener que el derecho a manifestarse debe garantizar «la libre circulación de las personas».
La aprobación de la reforma parcial constitucional aumentó el clima de protestas que se venía advirtiendo en las calles con las marchas de docentes y otros sectores de trabajadores estatales, que junto a otras organizaciones sociales sostienen la consigna «arriba los salarios, abajo la reforma».
«Lo que está haciendo Gerardo Morales es un ensayo por si ganan las elecciones», alertó el diputado nacional de Unión por La Patria, Juan Carlos Alderete, al referirse a las modificaciones a la Carta Magna jujeña.
«Creen que han ganado las elecciones nacionales por eso hacen estos ensayos», agregó en declaraciones a Radio Télam, y criticó a la oposición, donde, dijo, «no hay halcones ni palomas, son todos cortados por la misma tijera».
La Secretaría de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que observó que «no se encuentra garantizado el derecho a la protesta» en Jujuy y que «hay serio riesgo a la integridad física de quienes se encuentran manifestándose», por lo que presentó un habeas corpus colectivo y preventivo.
En ese marco, hay un pedido de dirigentes de Unión por la Patria y del peronismo para que se disponga la intervención del PJ de Jujuy, que preside el empresario Rubén Rivarola, quien votó a favor de la reforma constitucional.
La secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales de Jujuy (Adep), Silvia Vélez, respaldó las medidas de fuerza que el sector docente sostiene desde hace quince días con paro por tiempo indeterminado, en reclamo de aumentos salariales y en rechazo a la «reforma constitucional exprés».
En ese contexto, y ante la represión, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó para el jueves a un paro nacional que contará con la adhesión de la ATE (estatales) y otros sindicatos.
Asimismo, referentes de organismos de derechos humanos, movimientos sociales, diputados nacionales y dirigentes de la Central de Trabajadores Argentina (CTA) repudiaron «la brutal represión que está sufriendo el pueblo jujeño» y denunciaron el accionar de las fuerzas de seguridad del Gobierno de Morales.
