La jueza federal María Servini procesó a ex funcionarios del área de turismo del gobierno de Mauricio Macri por una presunta defraudación en la contratación de una campaña publicitaria de sitios turísticos para la Semana Santa de 2016 por más de diez millones de pesos de esa época.
La causa se inició en 2018 por una denuncia de Gonzalo Yrurtia, un empresario vinculado con el turismo, ante la Oficina Anticorrupción, donde sólo en 2022 se tradujo en una causa judicial.
En la causa se investiga la contratación por parte de la Secretaría de Turismo, a cargo de Gustavo Santos, de una campaña para promover el turismo interno en Semana Santa de 2016, por la que supuestamente habían competido tres empresas: Team Media, Publicidad 10 y 80/20 Marketing & Publicidad.
Finalmente resultó adjudicada Team Media, pero el proceso para ese resultado fue tachado de irregular.
La investigación que llevó adelante la jueza Servini detectó que existió una suerte de «cartelización» de esa contratación, puesto que las empresas tenían vinculaciones entre sí.
La sospecha es que no hubo una competencia entre tres empresas sino una suerte de coordinación para obtener la adjudicación de la campaña.
El fiscal federal Federico Delgado imputó a los funcionarios del área de Turismo y a los funcionarios por los delitos de «negociaciones incompatibles con la función pública» e «incumplimiento de los deberes de funcionario público».
La investigación comprende al ex titular del Consejo Federal de Turismo César Ovejero; el coordinador, Claudio Massetti; el secretario Alejandro Lastra; el subsecretario de Promoción Turística, Fernando García Soria; la directora de jurídicos del área, Ana Gradín y los empresarios Marcelo Rafael Barrientos y Mauricio Jörgensen.
«El vínculo y el interés por parte de los funcionarios con las firmas puede apreciarse no solo de los vínculos a través de redes sociales, sino por el hecho de las similitudes entre las planillas de precios aportadas, montos y errores de tipografía», sostuvo la jueza al dictar los procesamientos.
Los funcionarios –añade la resolución- «omitieron cumplir con sus obligaciones legales, cuando no actuaron en contra de las mismas».
Los procesamientos incluyen embargos por más de 50 millones de pesos para cada imputado.
