Por Jorge Vasalo (Especial para HDC)
Cuando un matrimonio cumple 50 años se celebran las Bodas de Oro y entre los festejos y las bromas surge la pregunta: ¿Cómo hicieron, cómo se aguantaron tanto? Ocurre que cinco décadas en lo que sea es un montón, pero como “el tiempo vuela” entonces muchas veces aparece la sensación de que todo transcurrió muy rápido. Hace algunos días, el presidente de la Cámara Décima del Crimen, Juan José Rojas Moresi, cumplió 50 años en el Poder Judicial de Córdoba, en una carrera que inició el 1 de noviembre de 1974. Es decir, y para ubicarnos en un tiempo histórico, a pocos meses del Navarrazo y del derrocamiento del gobernador Obregón Cano, y cuando la Triple A ya estaba anticipando el Terrorismo de Estado que se venía en el país.
A los 19 años y mientras estudiaba Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, Rojas Moresi comenzó la carrera como empleado, que continuó como secretario en Río Cuarto, agente fiscal y fiscal, juez de instrucción, y camarista durante los últimos 25 años. Participó de la investigación por los fraudes que fundieron al Banco Social, del terrible crimen de Oscar Sargiotti, torturado por policías que intentaron disfrazar el asesinato y, entre otras cuestiones, llevó adelante casi todos los juicios de la Megacausa del Registro de la Propiedad.
¿Cómo era aquella Justicia de Córdoba de los años 70?
-Solo estaba Tribunales Uno y el ámbito territorial de competencia de los jueces era muy extenso ya que llegaba casi hasta Santiago del Estero. Recuerdo que durante la dictadura la mayoría de los casos de secuestros y desapariciones correspondían a la Justicia Federal. En lo personal, me tocó el caso del crimen de un secuestrado en Alta Gracia. También me acuerdo de víctimas de quienes se decía habían intentado escapar y fugar de la policía, y de la presentación de muchos habeas corpus que no eran debidamente atendidos o, más bien, se lo hacía de un “modo paquidérmico”. Hubo empleados judiciales detenidos y a veces autoridades del Tribunal Superior de Justicia intercedieron en favor de ellos. Me impactaba mucho escuchar tiroteos en diferentes momentos del día y recuerdo la situación de Carlos Hairabedián, quien era juez de instrucción (sufrió atentados y estuvo secuestrado en Campo de la Ribera). Al menos yo, nunca vi a ningún militar o general en Tribunales.
¿Y cómo vivió la recuperación de la Democracia?
-En líneas generales fueron mantenidos en sus cargos los magistrados con acuerdo del Senado, y por supuesto juramos por la Constitución. Para esa época yo ya había investigado la causa del Banco Popular Financiero de Río Cuarto, y en nuestra ciudad las defraudaciones del Banco Serrano.
¿Qué recuerda de la investigación sobre el desaparecido Banco Social?
-Nos hicimos cargo junto a los jueces Ferrer Vieyra y Pescetti. El doctor Barrios unificó luego todas las causas y las envió a la Cámara Novena presidida por Juan José Parodi, donde se desarrolló el juicio y que terminó con varias condenas. Recuerdo que a Jaime Pompas, y por pedido de su defensor Jorge De la Rúa, lo indagué desde las 21 horas y hasta las 2 de la madrugada para que pudiera declarar con tranquilidad. Estaba compungido y negó la acusación. También recuerdo a empresarios vinculados con las defraudaciones que importaban autos Fiat desde Italia, y que cuando viajaban allá paraban en departamentos que rodeaban la Plaza San Pedro en El Vaticano. En relación a uno de los imputados detenidos en la UP1 de barrio San Martín, recuerdo que era un empresario a quien visité personalmente en la cárcel por una carta que me había enviado. Lo cierto es que después de ser condenado y haber recuperado la libertad, nos volvimos a encontrar, nos abrazamos y entablamos un relación cordial que atesoro como un logro de lo que significa la dignidad y la reinserción social.
¿Usted resolvió el crimen de Oscar Mario Sargiotti (detenido por supuesto tráfico de drogas)?
-Era diciembre de 1990 cuando escuché por las noticias que habían encontrado un hombre esposado “ahogado” en el Río Suquía. Como juez de instrucción de séptima nominación estaba de turno, y desde la Policía no me habían informado nada sobre este caso. Entonces me fui a la morgue y le pedí al forense, el doctor Cacciaguerra, que hiciera una autopsia exhaustiva de los pelos a los pies, para confirmar si se había ahogado o no. El estudio determinó que Sargiotti no tenía agua en los pulmones y que había sido torturado hasta la muerte en la Jefatura (una vieja costumbre heredada de los policías del D2) y luego su cuerpo plantado en el río para simular un escape y ahogamiento. Y fueron precisamente esos resultados anatomopatológicos los que esclarecieron los hechos permitiendo la condena de ocho uniformados de Drogas Peligrosas.
¿Cómo fue que participó en casi todos los juicios de la Megacausa del Registro de la Propiedad, por fraudes y estafas?
-Eran tantas las causas, y la mayoría voluminosas, que designaron a la Cámara Décima para que lleve adelante todos los juicios. De hecho, todavía queda pendiente uno que comenzaremos en los próximos días. Son casos complejos en los que delincuentes desapoderaron de sus bienes a propietarios legítimos. Falsificaron folios, escrituras y boletos, de modo que estos hechos que datan de 2004 y 2005, fueron tremendos para mucha gente que se quedó sin su casa, auto, lotes y campos. Recuerdo de víctimas que fallecieron por el estrés y la amargura de semejantes apropiaciones. Afortunadamente, la mayoría de los damnificados pudieron recuperar sus propiedades pero después de soportar procesos complicados, incluso amenazas y años de espera, y con más de 200 condenados en todos los juicios concluidos. Permítame decir que no hubiéramos podido llevar adelante esta megacausa sin el apoyo y los recursos que fueron dispuestos desde el Superior Tribunal.
¿Encontraron complicidades de funcionarios políticos o del Gobierno de aquel momento?
-Más allá de las versiones y de la declaración de Daniel Cerdá, empleado del Registro con varias condenas unificadas, nunca encontramos pruebas que involucraran a dirigentes políticos cuyos nombres circulaban en los trascendidos.
¿Fue el juicio al empresario Jorge Petrone uno de los más importantes?
–Petrone me sorprendió cuando vino a saludarme después de cumplir la condena de cinco años y seis meses que le impusimos por la apropiación de un campo a la vera de la autopista a Villa Carlos Paz. Junto a su abogado defensor, vino a la Cámara en un gesto poco habitual. De hecho, pasó mucho tiempo preso porque además por la tenencia de celulares en Bouwer tuvo problemas de conducta allí.
Recuerdo que fue un juicio muy mediático, seguido por mucha gente, y también con alegatos que se extendieron durante 22 horas seguidas. Además, en ningún momento los jueces del Tribunal, juntos a los doctores Ugarte y Valdez, recibimos ninguna presión de ninguna naturaleza. También quiero destacar la labor del fiscal Enrique Gavier tanto en la investigación como luego durante los juicios, con un aporte extraordinario.
¿Cuesta o es diferente juzgar a empresarios, abogados, escribanos, la denominada gente de “guante blanco”?
-En Córdoba, al menos para mí, la Ley es pareja para todos. No hace mucho tiempo terminamos con condenas el juicio de la denominada causa Trebucq, y otros varios por estafas inmobiliarias. Son causas enmarañadas, con muchos recursos defensivos presentados, y por eso demandan un largo tiempo.
En 50 años de carrera judicial… ¿cómo se ha llevado con el periodismo?
-Muy bien, en general, pero también he sido víctima de algunas publicaciones falsas en las que no he tenido la posibilidad de defenderme. Por supuesto depende de la fortaleza intelectual de cada uno, pero da tristeza cuando uno no tiene la chance de responder y ser escuchado.
Mire, yo nunca he recibido presiones ni pedidos del poder político o económico. Y he pensado que el día que me vaya me gustaría decirles a los jueces: “No tengan miedo ni se autolimiten en la actividad por ninguna presión”.
¿Por qué cree que una parte importante de la sociedad no cree en la Justicia?
-Pienso que es razonable porque son miles y miles de ciudadanos afectados por el delito, sobre todo robos y con armas en hechos muy traumáticos. Es por esa razón que desde hace años insisto en que, así como se hace en Córdoba, en todo el país se deberían destruir las armas secuestradas a los ladrones. Y fíjese que si calculamos la cantidad de delincuentes no llegan al 1% de la población pero, sin embargo, logran mantener atemorizados, con alarmas y demás prevenciones, al 99% restante. Entre las causas del delito, creo que la exclusión social y la marginalidad se suman a la decisión de muchos jóvenes que no quieren ni estudiar ni trabajar y que eligen robar como modo de vida. De parte de los jueces, pienso que debemos ir más allá del despacho y saber y conocer lo que les pasa al kiosquero, al verdulero, a la ama de casa. La gente quiere vivir sin zozobras y para eso necesita resultados.
