Tanto los jueces como los fiscales y los diplomáticos salieron a rechazar en las últimas horas la posibilidad de que el Ejecutivo y el Legislativo modifiquen sus regímenes jubilatorios de privilegio, como parte del plan de ahorro fiscal que el gobierno nacional discute con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda por 45.000 de dólares adquirida por el gobierno de Cambiemos.
Casi al unísono, las distintas organizaciones que representan a estos trabajadores emitieron sendos documentos donde, bajo distintos argumentos, plantearon su rechazo a la iniciativa adelantada por el propio presidente Alberto Fernández. La primera en pronunciarse fue la Asociación de Magistrados, que representa a los jueces y fiscales, que salió a denunciar un “embate más a la independencia judicial” detrás de la iniciativa que la Nación acordó con el FMI en la negociación que está a punto de cerrarse.
La entidad rechazó cualquier cambio en los regímenes jubilatorios especiales y apuntó contra la “inoperancia de las políticas económicas” de la Nación, sin mencionar la deuda con el FMI. “Estamos preocupados. Es un avasallamiento”, sintetizó el juez Marcelo Gallo Tagle, presidente de la AM, quien argumentó que “nuestro sistema no es de privilegio. Nuestro régimen es tan especial que cuando aportábamos el 12% era sustentable, ahora tras la reforma (del 2020) aportamos el 18%”.
Luego se sumó la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), la entidad de jueces más grande del país, que también calificó a la iniciativa como un “avance sobre la independencia judicial”. “El régimen especial de jubilación de la magistratura se sostiene con el aporte de sus integrantes –durante 30 años, en un porcentaje ampliamente mayor al de los demás aportantes- por lo que su incidencia en las cuentas públicas es insignificante”, sostuvo la entidad, que argumentó que “por eso este régimen especial no es un privilegio sino el resultado de los años y los porcentajes aportados”.
Por último, la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN) emitió ayer un comunicado donde planteó la ilegalidad e inconstitucionalidad de la medida. “La Comisión Directiva rechaza categóricamente la nueva modificación del régimen específico del personal del servicio exterior instituido por la ley 22.731 e injustamente modificado por 27.546”, sostiene el texto, que recuerda una demanda ya presentada en 2020 pidiendo la invalidez e inconstitucionalidad de ese cambio.
La CC propone evitar el Congreso con el FMI
En una medida sorpresiva, el bloque de diputados de la Coalición Cívica (CC) presentó ayer un proyecto de ley que propone autorizar al Poder Ejecutivo a suscribir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para establecer un nuevo plan de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acuerdo Stand-By suscripto en 2018, sin pasar por el Congreso Nacional.
“Ante la fragilidad actual del país y la incertidumbre que se vive dentro del Parlamento, aportamos este proyecto como una herramienta de última instancia para prevenir un daño mayor y definitivo a la economía: la entrada en default y ser un país inviable”, señalaron los diputados que responden a Elisa Carrió, que negaron “cualquier tipo de especulación política y electoral” y aseveraron que en el Congreso “estaremos para evitar subas de impuestos y cuidar a los jubilados”.
