En vísperas de lo que será este martes en el Senado de la Nación el inicio del debate, con un plenario de comisiones, de los proyectos de Ley Bases y el paquete fiscal, el integrante de la Cámara alta por Córdoba en representación del bloque del PRO, Luis Juez, expresó su cautela en torno al tratamiento de dichas iniciativas.
«Vamos a entrar a un reducto conducido históricamente por el peronismo en los últimos 40 años», advirtió. En ese sentido, reveló que «hay 33 senadores con influencia directa e inmediata de Cristina Kirchner, que desean que el proyecto fracase».
Asimismo, manifestó su preocupación por los plazos acotados para tratar el proyecto en el Senado. Sobre el particular, se quejó en función de que -a su entender- tienen que funcionar como «una escribanía» del Ejecutivo Nacional porque necesitan que 37 senadores «levanten la mano sin revisar nada» para poder llegar con la Ley Bases sancionada con vistas a la firma del Pacto de 25 de Mayo en Córdoba.
Por su parte, Juez admitió en declaraciones a Cadena 3 que mantiene contacto directo con el presidente Javier Milei y le sugirió trabajar con gobernadores para garantizar votos favorables. Sin embargo, planteó dudas sobre si las negociaciones del poder central pueden asegurar esos apoyos necesarios en un Senado tradicionalmente controlado por el peronismo.
Por último, Juez instó a los mandatarios provinciales a priorizar las necesidades de sus jurisdicciones por encima de las partidarias.
¿Qué hará Vigo?
En este contexto, todas las miradas están posadas sobre la senadora peronista, Alejandra Vigo, teniendo en cuenta que Juez y su compañera de bancada, Carmen Álvarez Rivero, se vienen pronunciando a favor de votar la Ley Bases, que llega con media sanción de Diputados.
Desde el entorno de la esposa del gobernador Juan Schiaretti aseguran que no habrá un pronunciamiento público hasta que el proyecto se trate en comisión. De todos modos, hay algunos indicios que marcan que Vigo votaría a favor.
El miércoles pasado, en el Día del Trabajador, la senadora compartió un acto reducido con el gobernador Martín Llaryora con gestos de muy buena sintonía política. El mandatario provincial es uno de los que más impulsa la aprobación de la Ley Bases. Los diputados que le responden estuvieron muy activos en las negociaciones en comisiones, en Diputados. La excepción fue Natalia de la Sota, quien siempre se mostró distante del proyecto oficial y votó en contra.
“Esta ley es más un acuerdo entre el gobierno nacional y los gobernadores, que con los legisladores. Y eso quedará más evidenciado en el Senado. No creo que Alejandra (Vigo) tenga margen para hacer otra cosa que votar a favor”, aseguró al diario La Voz del Interior un funcionario provincial, que estuvo en la última gestión provincial de Schiaretti. Las dudas sobre la postura de Vigo en la votación en el Senado se alimentaron cuando la senadora cuestionó a la gestión de Milei en el enfrentamiento con las universidades públicas.
ATE: «Un retroceso en materia de derechos»
En una nota dirigida a los senadores nacionales por Córdoba, Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Alejandra Vigo, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en nuestra provincia, Federico Giuliani, pidió que la Cámara alta rechace el proyecto de Ley Bases, con media sanción de la Cámara de Diputados, ya que «constituye un retroceso en materia de derechos».
“Esta ley busca sentar nuevas bases que beneficien a los grupos económicos concentrados de nuestro país, con una mirada claramente unitaria y porteña, en donde el Estado se retira del territorio de las provincias a los fines de dejar la zona liberada no sólo a los grandes negocios de sectores privados amigos del poder, sino también al narcotráfico, tal cual sucede en la ciudad de Rosario que ante un Estado ausente avanza el negocio de la droga buscando mano de obra barata en las barriadas populares”, alertó el gremialista.
En esa línea, les recordó a «las y los senadores nacionales que las áreas pertinentes a protección de derechos de las y los más vulnerables son las más atacadas por el gobierno de Milei. Eliminación de Inadi, baja de rango del Ministerio de la Mujer, desaparición de Andis, cierre de CDR y despidos en Senaf Nacional, cierre de Agricultura Familiar y del Enacom, organismos que tenían fuerte presencia en el interior provincial y permitían acceso a derechos”.
Y graficó que “uno de los sectores más perjudicados es el de las y los jubilados. Nuestra Caja de Jubilaciones al momento recibió cero pesos de Nación, y la Ley Bases va en desmedro de esta franja etaria, al quitar la moratoria previsional y permitir que de cada 10 pesos 3,5 en el ajuste salga del bolsillo de las y los jubilados”.
