La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó hoy, en su cuarta jornada de reuniones, un cronograma para la citación de testigos en el procedimiento que tramita contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, tras un debate que se extendió por más de tres horas.
La decisión se adoptó con el apoyo del oficialismo y el rechazo de la oposición en la reunión de la comisión presidida por la diputada del Frente de Todos (FdT), Carolina Gaillard, en la que también se dio inicio a la apertura del sumario para acumular pruebas que sostengan la acusación contra los jueces y la ampliación de pedidos de pruebas.
La comisión estableció un cronograma que prevé que en la próxima reunión del jueves 23 se cite como testigo a Cristian Abrita, extitular de la secretaria judicial N5; Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación dependiente de la Secretaría General de la Administración; y Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, secretaria judicial Nª 2 Previsional.
También se citará a Alejandro Rodríguez, secretario de Juicios Originarios; Roberto Saggese y Adriana Valinotti, de la vocalía del magistrado Rosatti; Mario Cimadevilla, exmiembro del Consejo de la Magistratura; y los jueces federales Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla.
La diputada Gaillard sostuvo que «los testigos están obligados a comparecer ante la comisión diciendo la verdad y si no comparecen en una segunda convocatoria, pueden ser buscados por la fuerza de seguridad».
Además, la presidenta de la Comisión aclaró que «los jueces y los funcionarios judiciales están obligados a comparecer oralmente» ante la comisión, aunque no así los gobernadores y los vicegobernadores, que lo pueden hacer por escrito.
La citación de los jueces federales Ramos y Ramos Padilla fue incorporada en esta jornada por pedido del diputado del FdT, Rodolfo Tailhade, para que «expliquen sus posiciones respecto a las causas derivadas de los chats porque ambos tienen fallos contradictorios», según consignó el legislador.
Una de las polémicas durante el encuentro fue planteada por el diputado del PRO, Pablo Tonelli, quien rechazó que se cite como testigo a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el titular de Seguridad de la Ciudad en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro porque «las leyes amparan a aquellas personas que tienen en curso una investigación en la justicia penal».
«No pueden declarar como testigos porque le puede afectar penalmente a ellos mismos», manifestó Tonelli.
Tailhade, en ese contexto, señaló que tanto Robles como D’Alessandro «podrían venir a la comisión y negarse a declarar, pero que ellos vengan y lo digan» y sostuvo que «nosotros no somos defensores de nadie y buscamos llegar a la verdad de lo que pasó».
Otro de los testigos será Héctor Marchi, secretario general de Administración de la Corte Suprema, que fue citado por pedido de la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, aunque se decidió aplazar su asistencia.
Por otra parte, se comenzó a librar los oficios para comenzar la recolección de las distintas pruebas solicitadas, lo que fue otro de los puntos que criticó la oposición durante la intervención de todos los legisladores que denunciaron «ilegalidad» y «violación a las garantías constitucionales» de las personas.
Durante el debate en la comisión de juicio político también se discutió sobre la necesidad de la intervención de un juez para requerir una lista de las comunicaciones telefónicas, lo que no fue saldada y se impuso la postura del oficialismo, aunque la oposición planteó llevar la causa a la justicia.
