Los partidos que integran Juntos por el Cambio enviaron este jueves una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos para objetar la presentación que hizo el Gobierno nacional en la 42° Sesión del Examen Periódico Universal (EPU), en la que cuestionó al Poder Judicial.
«Como es de su conocimiento, lamentablemente la Representación Argentina a través del informe y su presentación, ha realizado manifestaciones que nos vemos obligados a desmentir categóricamente», expresó el frente opositor.
Al respecto, quiso referirse a las «insólitas críticas a la Justicia argentina, a los sectores económicos, a la oposición democrática, a los medios, a la existencia de una supuesta ‘lawfare’, a la toma de deuda externa argentina y a la mención de una detención arbitraria de la condenada señora Milagro Sala».
«Este informe y declaraciones efectuadas por el Secretario de Derechos Humanos de nuestro país, Horacio Pietragalla, tienen como propósito buscar la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria del gobierno kirchnerista que fue corroborado por la justicia frente, no sólo con la condena a la actual vicepresidenta Cristina Ferrnández de Kirchner por hechos de corrupción, sino también a varios altos funcionarios de su gobierno que aún permanecen en prisión con condenas firmes», indicó la oposición.
Y manifestó: «Quisiéramos expresar que es absolutamente falso que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa, ya que intervinieron en los procesos todas las instancias judiciales correspondientes, dos de juzgamiento, dos de apelación y en varios casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación».
«Estas son las principales razones por las cuales el gobierno nacional está tratando de realizar un juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y llevar a cabo una reforma estructural de la justicia para lograr su impunidad», resaltó Juntos por el Cambio.
Por otra parte, repudiaron «que el Gobierno nacional mienta a las Naciones Unidas respecto de lo que denomina un «criminal endeudamiento del gobierno anterior», en referencia a la actual oposición, cuando dicho endeudamiento fue aprobado por amplia mayoría de las dos Cámaras del Congreso argentino, fue tomado con un organismo multilateral de crédito como el FMI y fue utilizado en sus dos terceras partes para pagar deuda del gobierno kirchnerista anterior y para cubrir sus propios déficits fiscales».
«Es inédito y penoso que en un evento donde los países bajo examen mundial se esfuerzan por demostrar el cumplimento de los derechos humanos frente a la comunidad internacional, los representantes de nuestro gobierno se encarguen de apuntar a la oposición política, a la justicia, a los sectores económicos y a la prensa, acusándolos colectivamente, de violar los derechos humanos sobre la base de una supuesta «lawfare» utilizada como excusa para evitar someterse al dictado de la Justicia argentina frente a los flagrantes hechos de corrupción que cometieron en su anterior Administración de gobierno», agregó.
