Tras alcanzar un ajustado quórum en el recinto, el Frente de Todos logró habilitar una sesión luego de tres meses y al cabo de un tenso debate con la oposición consiguió aprobar el proyecto de regularización de deudas previsionales.
Con 134 votos afirmativos y 107 negativos, el oficialismo logró la sanción de esta moratoria previsional que permitirá que cerca de 800.000 personas que no llegan a los 30 años de aportes tengan la posibilidad de jubilarse.
A través de un comunicado, Juntos por el Cambio había adelantado momentos antes de iniciarse la sesión su rechazo a la moratoria previsional por considerarla un «parche» que no hace justicia con las personas que aportaron a la seguridad social toda la vida.
Para la principal coalición opositora, «el sistema contributivo debe guardar un sentido de equidad: debe haber una correlación entre los beneficios otorgados en la práctica y el esfuerzo contributivo que cada ciudadano ha realizado».
El oficialismo había logrado asistencia perfecta con sus 118 integrantes sentados en sus bancas (incluida la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moreau), sumado a los cuatro diputados del Frente de Izquierda (Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Alejandro Vilca), dos diputados del Frente de la Concordia (Diego Sartori y Carlos Fernández) y Luis Di Giácomo de Juntos Somos Río Negro, pero faltando un puñado de minutos para las 11hs todavía le restaban cuatro representantes para llegar al número de 129.
A último momento ingresaron los socialistas santafesinos Mónica Fein y Enrique Estévez, seguido de los peronistas disidentes de Identidad Bonaerense Alejandro «Topo» Rodríguez y Graciela Camaño. Con la sesión iniciada, los diputados de Juntos por el Cambio bajaron al recinto para participar del debate.
La Cámara baja no sesionaba desde el 24 de noviembre pasado, hace más de tres meses: en diciembre hubo tres sesiones que se cayeron estrepitosamente por la reticencia de Juntos por el Cambio a otorgar quórum, en el marco de su pelea pública con el Frente de Todos por el conflicto del Consejo de la Magistratura.
La otra iniciativa que acompaña el temario es la creación del Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas, que en la medianoche del martes perderá estado parlamentario, por lo que urge su aprobación. Lo mismo sucede con la moratoria previsional, ya que la última caducó el 31 de diciembre pasado, y sin este mecanismo las personas que hicieron 30 años de aportes no pueden reestructurar sus deudas previsionales para ingresar al sistema y recibir las prestaciones jubilatorias y de obra social (PAMI).
Al plantear una cuestión de privilegio en el inicio de la sesión, el titular del bloque de la Coalición Cívica y vicepresidente de la comisión de Juicio Político, Juan Manuel López (Coalición Cívica) cargó contra el oficialismo por utilizar la «mayoría automática» que detenta en la comisión de Juicio Político para convertirla en «una comisión de inteligencia de hecho».
Para el opositor, «con este antecedente, una mayoría política se va a poder meter en la vida de cualquiera».
A su criterio, esta supuesta «comisión de inteligencia» es comandada por (Leopoldo) Moreau» y tiene como ariete al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, a quien definió como «el soldado que hace los pedidos de prueba» de forma indiscriminada.
Por su parte, la diputada del Frente de izquierda Romina del Plá usó una cuestión de privilegio contra su par de Avanza Libertad José Luis Espert por lo que catalogó como un «ataque fascista» al movimiento piquetero.
La legisladora del partido Obrero se refirió así a la expresión «cárcel o bala» que en varias oportunidades el referente libertario profirió contra el dirigente social del Polo Obrero Eduardo Belliboni, y que desde la izquierda interpretan como una «amenaza de muerte».
La sesión atravesó otro momento de tensión y zozobra cuando Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) denunció a los gritos la presencia en los palcos del recinto de Carlos Ortega, el gremialista de la seguridad social al que le atribuyó la autoría intelectual de los afiches de escrache hacia los legisladores nacionales que están en contra del proyecto de moratoria previsional.
Los carteles en cuestión, que fueron colgados en distintas dependencias de ANSeS, mostraban los rostros de los diputados opositores, acompañados de la inscripción: «Gracias a estos tipos más de un millón de ciudadanos no van a poder jubilarse. Legislan para un pueblo que odian».
Al identificarlo en una de las plateas del recinto, Camaño reclamó que «ese personaje se retire». Tras este incidente, la Cámara de Diputados rechazó tratar sobre tablas un proyecto de resolución impulsado por Juntos por el Cambio para repudiar los carteles de escrache.
