Luego de la cumbre del gobierno con el Grupo de los Seis (G6), la CGT le dio ayer un verdadero portazo al Gobierno, al anunciar que no irá a la primera reunión de la mesa de “Diálogo Social” convocada para la semana próxima por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, con los empresarios más poderosos del país, para tratar la reglamentación de la reforma laboral aprobada junto a la Ley Bases.
Así lo resolvió ayer el Consejo Directivo de la CGT, en un encuentro realizado en la sede porteña, donde hubo un fuerte debate entre los dirigentes por los efectos del ajuste y la recesión en las distintas actividades, así como también sobre los pasos a seguir: además de la decisión de no participar del encuentro con Cordero y los empresarios del G6, se aprobó la propuesta de Pablo Moyano de que la CGT acompañe el 7 de agosto la marcha de los movimientos sociales a San Cayetano y, además, se convocarán al plenario de secretarios generales y al de delegaciones regionales de la CGT, aún sin fecha, para decidir cómo seguirá el plan de lucha.
En una conferencia de prensa tras la reunión, el cotitular cegetista Héctor Daer (Sanidad) afirmó que “el Gobierno no ha dado una respuesta positiva a dos temas que para nosotros eran fundamentales”, que fueron el reclamo por la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y el pedido de que el Poder Ejecutivo retire la apelación ante la Corte Suprema contra la suspensión del capítulo laboral del DNU 70. Ambas exigencias fueron planteadas la semana pasada por la CGT ante Cordero, quien se comprometió a dar una respuesta pero nunca lo hizo.
“No estamos dispuestos a sentarnos en una mesa de conversación y de negociación tripartita cuando habíamos quedado en que íbamos a discutir la reglamentación (de la reforma laboral) y en el día de ayer ya el Gobierno reglamentó algo que también es nocivo de la reforma laboral, como esta figura de que un independiente puede tener tres colaboradores que no estarían nunca en relación de dependencia ni tendrían beneficios sociales”, explicó Daer, quien cuestionó también el artículo que penaliza los bloqueos sindicales al considerarlos una injuria laboral grave. “Es un artículo que está muy mal escrito, muy mal hecho, aparte de lo nocivo que es”, definió y enfatizó que “el plan de Milei es construir la Argentina del pre-peronismo, manejado por los grandes grupos económicos y la entrega del país”.
La decisión se trata de un golpe importante a la estrategia del Gobierno, que pretendía avanzar en un consenso con la central obrera y los empresarios para la reglamentación de la reforma laboral, a la vez que abre un horizonte de mayor conflictividad.
Rescinden contratos de 70 oficinas
El Gobierno nacional informó ayer la recisión de contratos de más de 70 oficinas en todo el país, lo que supone un ahorro anual de $2.298.218.220, según informó la Jefatura de Gabinete. A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la administración libertaria notificó que avanzó en “una significativa reducción en los contratos de alquiler de oficinas que eran utilizadas por distintos ministerios en todo el país”.
“Esta medida forma parte de una política de optimización y eficiencia en la gestión de recursos públicos”, destacaron desde la cartera, al tiempo que precisaron que se dieron de baja 71 contratos de alquiler en todo el país y que significará un ahorro del $191.518.251 mensual y del $2.298.218.220 anual.
En las oficinas cerradas, empero, operaban más de 3.500 trabajadores correspondientes a distintos entes del Estado como la Secretaría de Turismo y Deporte, Superintendencia de Servicios de Salud, Secretaría de Industria y Desarrollo, Anses, Afip o Inadi, entre otras, y se aclaró que “en la mayoría de los casos, los trabajadores fueron relocalizados”.
