Los envíos automáticos del gobierno nacional a la Provincia alcanzaron en diciembre pasado $ 64.166 millones, 95,6% por encima de los registrados en igual mes de 2021 y apenas superiores a la inflación proyectada que, a nivel nacional, se ubica en el 95%. De esta manera, el ejercicio 2022 cerró con giros nacionales a Córdoba por $ 549.512 millones, 83,8% mayores que los de un año atrás.
El aumento porcentual se ubica así por debajo de la inflación estimada que, si bien en Córdoba será menor a la nacional -hasta noviembre acumulaba 86,3% frente a 92,4% de la medición del Indec-, igual perderá en términos reales. El dato no es menor. Sucede que los giros a Córdoba representan seis de cada 10 pesos que le ingresan a la Provincia. En ese contexto, una defección de los envíos que incluyen como principal recurso la coparticipación de impuestos, es un eventual frente a atender de cara a este 2023.
La posibilidad estaba entre los escenarios. La Nación prevé para este año una inflación minorista del 60%, más de 30 puntos porcentuales por debajo del porcentaje que terminará arrojando este año. La suba de precios que tanto golpea a los salarios y a los bolsillos en general, se convirtió para el Gobierno en un aliado clave para mejorar los ingresos fiscales, parte de los cuales luego derraman en las provincias a través de la coparticipación, reveló ayer en un informe el periodista del diario Comercio y Justicia, Alfredo Flury.
También para las propias provincias y municipios. Impuestos como el IVA, Ingresos Brutos o la tasa de Comercio e Industria, en cada una de las tres jurisdicciones, no sólo acompañan el ciclo económico sino también copian la escalada de los precios. O al menos eso es lo que ocurrió hasta ahora. Si el gasto y los salarios crecen por debajo de la inflación, la consecuencia es que se terminan licuando con relación a los ingresos tributarios.
Claro que ese análisis que hasta ahora se verificó, aunque con matices, tiene sus límites. Una espiral inflacionaria sostenida y sueldos que no acompañan, retrae el consumo y más temprano que tarde termina impactando en una baja real en la recaudación.
Como corolario, desde la Provincia suponen que, más allá del corset del acuerdo con el Fondo Monetario que estipula una desaceleración del déficit, esto es más ajuste, este año el Gobierno relajará algunas de las metas y a fuerza de mayor emisión -de hecho volvió a acelerarse-, buscará inyectar recursos para los votantes en general.
Habrá que analizar qué efectos tiene esa política sobre los precios y la recaudación. Quedó al descubierto que la fuerte emisión de dinero en la cuarentena dura, terminó por impactar en precios meses después.
Escenarios posibles y algunas certezas
En cuanto a los gastos, en primera instancia la administración de Juan Schiaretti deberá afrontar la nueva paritaria con los empleados públicos. Será en poco más de 30 días cuando las partes vuelvan a juntarse para debatir la pauta salarial 2023.
La Provincia se presentará a la negociación enarbolando el aumento de más del 100% otorgado a los estatales -mucho mayor el autorizado al sector salud-, que en principio será cerca de 10 puntos porcentuales mayor a la inflación si es que se cumplen las proyecciones de corto plazo.
Por su parte, los gremios y luego de evaluar el panorama, irán por una recuperación del poder adquisitivo perdido en años anteriores. Es que el salario real comenzó a caer ya en 2018, situación que se mantuvo al menos hasta el año pasado. Es un hecho que la paritaria volverá a ser semestral con revisión por inflación.
Otro frente que insumirá buena parte del ahorro corriente será una vez más el de la obra pública. Impronta de la gestión Schiaretti, éste buscará repetir la fórmula que hasta ahora le dio buenos réditos políticos, una marca de su administración que es bien valorada en general.
En ese marco, el mandatario que también tiene ambiciones políticas más allá de dejarle el terreno abonado a Martín Llaryora para que pueda sucederlo, intentará contar con los recursos para no desacelerar el ritmo de obras.
Caja y transporte
En cuanto a las certezas en lo inmediato, una es clave por el volumen de fondos que implica y la previsibilidad a futuro. Se trata de la cobertura del déficit de la Caja de Jubilaciones para 2023 y años siguientes.
El artículo 50 del Presupuesto establece “como crédito presupuestario para transferencias a cajas previsionales provinciales de la Anses la suma de $ 100.922.664.874 para financiar gastos corrientes” de los organismos previsionales provinciales.
El apartado replica parte del texto ya dispuesto en años anteriores respecto a que, a modo de anticipo y hasta tanto se calcule el real déficit de cada caja, la Anses girará “el equivalente a una doceava parte del último monto total del déficit”.
Pero el artículo 92 agrega un punto clave. Ese monto que se girará a cada caja “incluirá su actualización conforme con las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Para calcular dicha actualización se considerará la variación del índice entre el mes de julio del año al cual corresponde el último déficit, provisorio o definitivo, determinado y el mes anterior al del pago de la cuota”.
En la práctica, ese texto permitirá que, desde este año, la Caja de Jubilaciones de Córdoba pueda cubrir la totalidad de su déficit con recursos girados por la Anses, y eximirá de esta manera al Tesoro provincial de tener que aportar fondos para completar las partidas que la Nación no giraba.
En números, la Provincia estima que las transferencias de la Anses para el financiamiento de la Caja asciendan en 2023 a $ 38.459 millones.
Para tener una noción del volumen de esos recursos, en 2022 la Nación habrá girado a la Caja apenas poco más de $ 12.000 millones.
En cuanto a los fondos adeudados que reclama la Provincia producto de la falta de actualización de los giros en años anteriores, el tema se mantendrá vigente, sin que, por ahora, la exigencia pasé de la fase administrativa.
Respecto a los fondos para el transporte urbano e interurbano, el artículo 81 “establece la prórroga del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País por la suma de $ 85.000.000.000, como piso a partir del cual se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe estimulando un sistema de monitoreo permanente para corregir asimetrías preferentemente en base a la asignación de recursos conforme al método de financiamiento de la demanda de pasajeros”.
Ese monto, aunque muy inferior a los $ 120.000 millones que reclamaban las provincias, es más elevado que los $ 66.000 millones que se habían incluido originalmente en el proyecto.
