La propia Corte Suprema de Justicia se puso al frente de los reclamos de jueces y funcionarios judiciales contra la iniciativa oficial contenida en el Presupuesto 2023 para que los integrantes de ese poder del Estado paguen el Impuesto a las Ganancias. No sólo anticipó que ya prepara, junto a las asociaciones de magistrados, una respuesta jurídica a la norma sino que además pidió una reunión a la vicepresidenta Cristina Kirchner para que los jueces presenten su reclamo.
La respuesta del oficialismo fue positiva. Por un lado, la también presidenta del Senado confirmó que recibirá mañana a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), luego de que la Cámara de Diputados comience a debatir hoy el proyecto de Presupuesto 2023, que contiene la inclusión de un articulado para que jueces y demás integrantes del Poder Judicial paguen Ganancias. Según números del ministro de Economía, Sergio Massa, la medida implicaría un ahorro de 0,16% del PIB.
Pero la AMFJN también le solicitó una reunión a Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara Baja, y a través de ella y de la propia Fernández de Kirchner a todas las comisiones del Congreso que tengan intervención en el tema. La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo de Carlos Heller, respondió afirmativamente a la solicitud y ayer mismo recibió a sus representantes para oir su posición. “Consideramos que la única manera de terminar esta discusión es desde el diálogo. Estamos dispuestos a hablar e intentar encontrar una solución”, dijo un miembro de la AMFJN.
Momentos antes, la organización mantuvo una cumbre con los miembros de la Corte Suprema para trazar un plan de acción paralelo para anular la norma a través de su judicialización, en caso de que se apruebe, bajo el argumento de la supuesta inconstitucionalidad de la aplicación de “impuestos retroactivos”, según revelaron las fuentes judiciales. De hecho, las vocalías de los miembros de la Corte Suprema ya trabajan buscando jurisprudencia sobre el cobro de impuestos retroactivos y el listado de lo que el Alto Tribunal considera como un “avance” sobre sus atribuciones, como la propuesta de reforma judicial que impulsó el presidente Alberto Fernández y la media sanción en Diputados de la ampliación del máximo tribunal – ambas truncas por el momento-.
A la coordinación del máximo tribunal con los jueces se suma además como acción de resistencia el paro convocado para hoy por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumato, que calificó a la iniciativa como un “impuesto confiscatorio del salario”. También la Federación Judicial Argentina (FJA) anunció un paro nacional para hoy “contra la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre el salario de los trabajadores judiciales”.
“Los jueces pagan sus impuestos en todos los países del mundo. Hoy en la Argentina un juez está ganando arriba de 2.000.000 de pesos, mucho más que un Presidente o una Vicepresidenta. La exención de Ganancias de los jueces no es un derecho adquirido: es un privilegio que estamos en situación de corregir”, respondió por su parte el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, al ratificar la decisión del oficialismo en avanzar con la medida.
Media sanción asegurada
La Cámara de Diputados comenzará a debatir hoy en sesión especial el proyecto de Presupuesto 2023, que proyecta un crecimiento del PBI del 2%, una inflación del 60% y que destinará más de 70% de los recursos a gastos sociales.
La atención, sin embargo, estará puesta en el debate en un artículo que elimina la exención en el pago del impuesto a las Ganancias que gozan los miembros del Poder Judicial, por un monto total estimado en alrededor de 237.000 millones de pesos.
El oficialismo sostiene que ya tiene garantizada la aprobación del proyecto debido a que cuenta con 117 legisladores propios, 8 del Interbloque Federal, 4 de Provincias Unidas, 1 del Movimiento Popular Neuquino y espera sumar dos de la bancada Ser, con sumaría más de 130 votos.
