A una semana de su firma, la justicia federal recibió múltiples amparos contra el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº70/2023 que contiene más de 300 puntos de desregulación económica que no pasarán por el Congreso Nacional, con pedidos de medidas suspensivas hasta que se dicte sentencia de fondo en relación a planteos de presunta inconstitucionalidad de la norma del gobierno de Javier Milei.
En una de ellas, la radicada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez quedó designado nuevo juzgado, el Contencioso Administrativo Federal 7 luego que el letrado recusó al magistrado sorteado inicialmente, Juan Pablo Cayssials. Gil Domínguez presentó una “acción declarativa de inconstitucionalidad” contra el Decreto publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre último con un pedido de medida cautelar para suspender sus efectos hasta el dictado de sentencia definitiva.
Pero además, en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires se realizaron hasta el momento ocho presentaciones judiciales contra el DNU, que resultaron sorteadas en diferentes juzgados. La primera fue la radicada la semana pasada por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, en la cual el viernes último el juez Esteban Furnari admitió la acción como un “amparo colectivo” y dio vista a la fiscalía para que se determine si la causa es competencia de ese juzgado. La acción judicial fue presentada por esa asociación civil y organizaciones como ATE y CTA. También ingresó una acción de amparo de la Asociación Civil por un Hogar en Argentina, que quedó radicada ante el Juzgado 12 de ese fuero.
En tanto, durante la jornada de ayer presentaron amparos el ex titular del Colegio Público de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Rizzo y otros seis firmados por Betina Stein, Laura Golcman, Nancy Beatriz Mateos, María Reston, Mariana Fernández y Norma Castro.
En su demanda, el abogado Gil Domínguez había sostenido que el DNU es “contrario a los artículos 1, 29, 30, 77 a 84 y 99 inciso 3 de la Constitución argentina”. En la misma línea, en la presentación formulada ayer por Rizzo se pidió que se conceda la medida de “no innovar” que impediría que el Decreto sea aplicable hasta que la justicia resuelva sobre su constitucionalidad. De caso contrario, este viernes 29 de diciembre entraría en vigencia el DNU que Milei firmó la semana pasada. “El DNU es inconstitucional, nulo e inaplicable. Se juega la continuidad del Poder Legislativo dentro de la división de poderes”, aseguró Rizzo en declaraciones periodísticas.
En el plano legislativo el DNU también ha cosechado múltiples críticas, incluso desde bloques aliados. Por caso, la diputada del partido GEN Margarita Stolbizer opinó en la víspera que la iniciativa “tiene vicios de inconstitucionalidad”, por lo que espera que si no lo rechaza el Congreso (cuando comience a analizarlo), lo haga la Corte Suprema. Mientras que el radical Martín Tetaz dijo que esa coalición pretende “acompañar las reformas del Gobierno” pero cuestionó que se realicen a través de un decreto, del cual “no hay un constitucionalista” que afirme que “sea válido” y pidió al Poder Ejecutivo que lo “desdoble” para que el Congreso pueda “tratar con urgencia el tema que sea y discutir luego lo no tan urgente”.
La CGT marcha hoy a Tribunales por la nulidad del DNU
La CGT, las dos CTA, la Unidad Piquetera y partidos de izquierda se congregarán hoy, junto a otras organizaciones, para movilizarse hacia Tribunales en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presidencial que desregula la economía y deroga múltiples leyes, algunas de ellas laborales.
Ante esto, el Gobierno advirtió ayer que utilizará “todas las medidas de disuasión” a su alcance, entre ellas el protocolo de orden público. Además, la CGT anunció que mañana reunirá al Comité Central Confederal para definir un plan de lucha que podría incluir una huelga nacional de 24 horas de duración. También anunciaron que macharán a Tribunales la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Polo Obrero y la Unidad Piquetera.
En simultáneo, la CGT pidió ayer a la Justicia que se declare la inconstitucionalidad del DNU. La presentación judicial lleva la firma de los miebros del triunvirato de conducción cegetista, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, y quedó radicada en el juzgado laboral número 69, a cargo del juez José Ignacio Ramonet.
Por otra parte, además de las “medidas de disuasión” que el Gobierno dispondría ante la protesta sindical,la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo un llamado “a la reflexión a quienes tienen planes sociales”, al afirmar que “el que corta una calle, no cobra”.
El protocolo antipiquetes nacional prevé la actuación de las fuerzas de seguridad sin que medie una orden judicial cuando una protesta impida el tránsito con cortes de calles, avenidas y rutas. Bullrich destacó que “hace 16 días que asumió este Gobierno” y esta será “la tercera manifestación” en su contra. “En vez de oponerse, ayuden a que el país salga adelante”, agregó.
