Finalmente, ayer por la tarde el presidente Javier Milei envió a la Cámara de Diputados el proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, en la que pide al Congreso de la Nación declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. El texto de la denominada “Ley ómnibus” fija que el plazo para la emergencia podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años.
La iniciativa firmada por Milei, el jefe de Gabinete Nicolas Posse, y los ministros del Poder Ejecutivo consta de 183 páginas y 664 artículos. A lo largo del proyecto se establecen reformas impositivas, se suspende la aplicación de la fórmula para actualizar los haberes, y se habilita a imponer sanciones a la protesta, entre otras medidas.
A la vez, propone la modificación del artículo 194 del Código Penal para endurecer las penas a los manifestantes, estén o no presentes al momento de la protesta; y establece penas de prisión efectiva para quienes corten calles. También menciona una ampliación del artículo 34 que se refiere a la legítima defensa.
Además, la iniciativa contiene un capitulo electoral donde se deroga las elecciones primarias, abiertas simultáneas y obligatorias (Paso), se modifica la Oficina Anticorrupción, cambia el régimen de partidos políticos, y la composición de la Cámara de Diputados.
Sobre el tema jubilatorio plantea la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria aprobada durante 2020 y faculta al Ejecutivo a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones “teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica”. Sin embargo, hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Gobierno fijará aumentos periódicos.
Uno de los puntos polémicos del paquete de leyes declara sujeta a privatización 41 empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado, entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Aysa, Banco Nación, YPF, y los medios públicos. En ese sentido señala que se “faculta al Poder Ejecutivo a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades, para lo cual se aplicarán en lo pertinente los procedimientos previstos en el Capítulo II de la Ley N° 23.696”.
En cuanto al capítulo impositivo, contempla un amplio blanqueo de capitales y una moratoria de las obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas al 30 de noviembre.
También propone cambios en el régimen tributario de Bienes Personales, fija las retenciones para el sector agropecuario, autoriza las importaciones de gas natural sin necesidad de pedir autorización, unifica los entes de Gas y Electricidad y cambia la ley de biocombustibles.
No solo eso, en sus disposiciones finales, el Ejecutivo requiere que, además, el Congreso le apruebe el mega decreto de necesidad y urgencia 70/23 (con sus 366 artículos) que dictó la semana pasada Milei para desregular la economía.
En forma previa y por la red social X, el Gobierno afirmó que la intención del superproyecto es “restituir el orden económico y social” basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución de 1853: “Presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación”.
Además indicó que se promueven las reformas “en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos”.
El Gobierno ya formalizó el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso hasta el 31 de enero y ayer el presidente del bloque de Diputados de La Libertad Avanza, Oscar Zago, le puso fecha a la sesión: 25 de enero.
Aranceles para extranjeros
El materia educativa, el proyecto establece que se podrá tomar un “examen censal obligatorio” a todos los estudiantes de educación secundaria “al finalizar sus estudios”, mientras que en materia de educación superior propone que “las instituciones de gestión estatal y las universidades nacionales podrán establecer aranceles” para extranjeros no residentes, además de la “evaluación periódica” de los docentes.
También, dispone que el aporte del Estado Nacional para las instituciones de educación superior se distribuirá en función del número de estudiantes matriculados en cada institución, el tipo de carrera ofrecida, tales como carreras de grado, posgrado y otras, y su área de formación y también el número de egresados y “otros criterios que se definan”.
Amplio blanqueo de capitales
La Ley Ómnibus incluye un nuevo esquema de blanqueo de capitales para activos en el país y en el exterior, el cual prevé a través de incentivos fiscales que aquellos que tienen sus bienes no declarados, regularicen su situación.
Con el objetivo de potenciar las reservas y aumentar la recaudación, el proceso arrancaría desde la puesta en vigencia de la Ley y hasta el 30 de noviembre de 2024.
El Régimen de Regularización de Activos contará con tres etapas, con una base imponible de US$ 100.000. Es decir, que será gratis hasta el mencionado monto.
En tanto, aquellos que ingresen bienes superiores pagarán un “impuesto especial” del 15%. En este sentido, las alícuotas variarán entre 5% y 15%, a medida que avanza el tiempo se incrementa el porcentaje.
Composición en Diputados
Se presentó una modificación en la composición de la Cámara de Diputados, lo que significaría una reducción de la representación de todos los distritos menos de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Esta propuesta elimina el piso de cinco diputados para cada provincia, ya que el reparto se dará en base a la cantidad de habitantes. Así, de aprobarse la ley, la provincia de Buenos Aires crecería en número de representantes ya que pasaría de 70 a 97 diputados, mientras que provincias como Tierra del Fuego, Catamarca, Santa Cruz, La Pampa y La Rioja perderían entre 3 y 4 legisladores.
La Ciudad de Buenos Aires sería el distrito más disminuido con la pérdida de 8 escaños, ya que iría de 25 a 17. En el caso de Córdoba, pasaría de 18 a 21 representantes en la Cámara baja.
