La oposición comandada por el peronismo analiza la posibilidad de avanzar en el tratamiento del polémico Decreto de Necesidad Urgente 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei, en el Congreso de la Nación, pese a que el oficialismo se resiste a convocar a la comisión respectiva para analizar la norma. Ocurre que, tras su presentación en el Parlamento el pasado 5 de enero, ya se venció el plazo de 10 días hábiles para que el documento que elimina 326 leyes de la economía comience a ser debatido en alguna de las dos Cámaras Legislativas.
El avance de la propuesta en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo se estancó debido a que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem (La Libertad Avanza – LLA), no proporcionó la nómina de diputados que formarían la comisión a su contraparte del Senado, Victoria Villarruel. La excusa oficial es que el bloque Unión por la Patria (UxP) exige la mitad de las designaciones del cuerpo de la Cámara baja, siguiendo la proporcionalidad de su bancada, mientras que desde LLA pretende lograr una distribución diferente, que vuelque el peso a su favor.
Cumplido el plazo para que el DNU se comience a debatir en comisión, y sin que la Cámara de Diputados haya enviado el listado de los ocho miembros que aportará a la bicameral, el bloque de UxP se prepara para avanzar por un camino alternativo para llevar el DNU al hemiciclo de Diputados y del Senado. Ocurre que la ley permite que, en caso de que el oficialismo no convoque al cuerpo, éste se puede constituir de manera autónoma para tratar la iniciativa.
La duda es la posición que tomará el resto de la oposición, teniendo en cuenta que UxP buscará derogar el DNU, que considera inconstitucional. “Veremos, hay que esperar que se ordene la agenda del arranque de semana”, explicó una alta fuente del bloque en Diputados a un medio porteño. “Tenemos que analizar el tiempo y la oportunidad. Se podría llevar la semana que viene al recinto en la misma sesión que tratemos la Ley ómnibus, pero vamos a analizar la oportunidad”, agregó otra fuente de UxP al mismo medio.
Por el lado del Senado, el jefe del interbloque peronista, José Mayans, ya había anticipado que “la semana que viene, si no hay despacho de la comisión bicameral, tenemos prácticamente habilitadas a ambas Cámaras del Congreso para dar tratamiento al DNU”. “Estamos dispuestos a discutir ley por ley, cada una de las leyes laborales, las que hacen al tema de las empresas del Estado”, agregó el formoseño.
El trámite para llamar al recinto para poder debatir el DNU es bastante simple, ya que cada uno de los presidentes de los bloques tiene que presentar el pedido de sesión a la presidencia de la Cámara con tan solo la firma de 10 legisladores. El conflicto comienza en ese momento porque deberán buscar en otros bloques las voluntades para alcanzar el quórum. En UxP (que ostenta 102 diputados) confían en contar con el acompañamiento necesario para conseguir el quórum y votar en contra del DNU, ya que entienden que la UCR no acompaña la iniciativa (34 diputados), así como tampoco Hacemos Coalición Federal (23) y el Frente de Izquierda (5), por lo que tendría voluntades de sobra para someterlo en la Cámara de Diputados.
Duro rechazo de la Convención radical
La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) se pronunció este viernes en contra “de la forma y el fondo” del proyecto de Ley ómnibus que se discute en el Congreso y cuestionó el articulado sobre las facultades delegadas al Presidente, la “derogación” de la fórmula jubilatoria, la suba de las retenciones, las privatizaciones y la modificación del régimen electoral.
“Los miembros de este organismo nos pronunciamos contrarios de la forma y del fondo del proyecto. Sobre el modo de haber llevado al Parlamento estas iniciativas somos sumamente críticos, sobre todo teniendo en cuenta las convicciones republicanas que enarbolamos históricamente”, sostuvo el órgano partidario, que afirmó que no quiere que los problemas del país “se agraven a partir de iniciativas improvisadas y poco democráticas”.
El órgano llamó a sus legisladores a votar contra la iniciativa y a “procurar un dictamen propio del proyecto, que contemple los ideales del radicalismo y que pueda servir de base para obtener el consenso de otras fuerzas políticas que compartan nuestros valores democráticos, republicanos y federales”.
