La Cámara de Diputados empezó a discutir ayer una reforma que busca impedir que los presidentes de la Nación puedan gobernar por decreto, eludiendo al Congreso. Se trata de la modificación de la ley 26.122, que regula el uso de los famosos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), la principal estrategia del presidente Javier Milei para dictar normas o modificar leyes por afuera del Parlamento.
La ofensiva fue encabezada por Encuentro Federal (EF), el bloque que comanda Miguel Angel Pichetto, pero cuenta con el apoyo de Unión por la Patria (UxP), un sector del radicalismo, la Coalición Cívica (CC) y algunos diputados provinciales. La izquierda está en contra de la ley, pero podría sumarse al respaldo de acuerdo al texto que se pueda consensuar con las distintas fuerzas. La atención está puesta en cómo se posicionará el PRO, que en el pasado propuso la reforma de la norma, aunque el ex presidente Mauricio Macri la utilizó asiduamente.
Las principales reformas están orientadas a los mecanismos de aprobación por parte del Parlamento de los DNU dictados por el jefe de Estado, así como también el plazo de vencimiento que pondrán tener para su tratamiento legislativo. Actualmente, la comisión bicameral de Trámite Legislativo –integrada por ocho diputados y ocho senadores- analiza la “necesidad y la urgencia” de estos decretos y se pronuncia sobre su validez, pero no suele llegar a tiempo a emitir sus dictámenes, que además no son vinculantes sino que deben ser después votados por los recintos de ambas cámaras.
El plenario de comisiones comenzó a analizar ayer una decena de proyectos, entre otros el del diputado Oscar Agost Carreño (EF, Córdoba), quien aseveró que su iniciativa “es bastante restrictiva” y planteó modificaciones sobre la Comisión de Trámite Legislativo. “Que pase de 16 a 24 integrantes, que siempre esté constituida y funcionando, con plazos de 60 días para que se expidan las cámaras”, dijo y propuso que, con el rechazo de una cámara, los decretos pierdan vigencia y que “se puedan aceptar modificaciones”. “No podemos permitir que un Presidente derogue por DNU los cambios buenos de otro Gobierno”, aseveró.
“Esta ley invierte el rol del Congreso y se lo entrega al Poder Ejecutivo”, advirtió su par Juan Brügge (EF), mientras que la radical Carla Carrizo propuso tres cuestiones para “dar equilibrio” a la gobernabilidad: “Tiempo acotado, dos cámaras para derogar y límites en los temas” que puedan abordar los DNU. “No es una ley en contra de Milei”, si no que “es pensando en los futuros presidentes que le puedan gustar o no a otros”, completó Juan Manuel López (Coalición Cívica). La discusión continuará en busca de un dictamen que sintetice los distintos proyectos.
El bloque radical quedó al borde de una ruptura
La conducción del bloque de diputados de la UCR se enfrenta a una encrucijada irreductible sobre el destino de los cuatro legisladores de esa bancada que apoyaron a La Libertad Avanza en el veto a la ley de Financiamiento Universitario
. La bancada analizaba ayer si expulsar a los cuatro, o cinco, diputados radicales “con peluca” que le dieron la espalda a proyectos de la propia fuerza política en temas claves o si los retiene pero con el riesgo de perder entre una decena y 13 legisladores disconformes que dieron plazo hasta el martes próximo para que definan su expulsión, con la amenaza de abrirse y formar una nueva bancada propia.
El pedido de expulsión recae sobre Mariano Campero, Luis Picat, José Federico Tournier y Martín Arjol, aunque algunos le ponen la bolilla negra también a un quinto representante radical, Pablo Cervi, porque votó a favor del veto de la ley previsional y se abstuvo con la norma sobre las partidas universitarias. “Hay fuerzas centrífugas que hace que sea difícil resistir en el centro. Esos cuatro diputados tiran para un extremo, pero los otros 11 también lo hacen para el otro extremo”, graficaron el dilema las fuentes radicales.
Gobernadores en alerta
Los jefes provinciales están haciendo llegar sus reclamos al Gobierno con la mirada puesta en el Presupuesto 2025 con declaraciones y contactos reservados. Los reclamos se asientan en la poda de gastos practicada por la Nación en 2024, ya que la mayoría cree que hicieron un durísimo ajuste y afirman que el Gobierno debería devolverle fondos.
Los reclamos incluyen el corte de las trasferencias para cajas de jubilaciones, la parálisis de obras públicas, el incumplimiento de pactos pendientes y las trabas para reactivar obras por deudas del Estado nacional con contratistas.
Un ejemplo expone la complejidad del escenario: los tres gobernadores del PRO, principal aliado del oficialismo, amenazan con independizarse y sumarse a la oposición dura si no atienden sus reclamos. La oposición, entretanto, quiere convocar a los mandatarios para que expongan en la Cámara baja en la discusión de la “ley de leyes”, lo que puede dificultar las negociaciones oficiales.
Rosca por el Presupuesto
El Gobierno mantuvo ayer conversaciones con los legisladores radicales por el Presupuesto 2025, aunque aún se mantienen los desacuerdos sobre puntos claves como los recursos que se destinan a las universidades, el destino de los fondos cuando hay un aumento de la recaudación y la movilidad de las asignaciones familiares, entre otros puntos.
La UCR quiere que se establezca que, en caso de un incremento de la recaudación tributara y de la seguridad social, se especifique que no se utilizará para gastos discrecionales sino para la rebaja de impuestos.
Ocurre que los Gobiernos siempre subestiman la inflación y por consecuencia los recursos que puedan tener, con lo cual suelen tener un excedente que se utilizan para aumentar el gasto de manera discrecional. Tras el encuentro mantenido ayer con funcionarios del Gobierno, la UCR indicó que aspira a que este punto se incluya en el primer artículo del proyecto de Presupuesto 2025.
