Luego de tres semanas de debate en las que decenas de expositores pasaron por el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, finalmente la oposición buscará imponerse en el encuentro que se desarrollará desde las 14 para que ese proyecto sea el que cuente con la mayor cantidad de firmas.
En las comisiones que estudian el tema sólo están representados cuatro de los espacios políticos que integran la Cámara: el Frente de Todos (FdT), Juntos por el Cambio (JxC); el interbloque Federal y el Frente de la Concordia misionero, ya que el sistema D’Hont por el que se reparten los lugares no dio margen para que estuviera alguno de los integrantes de los bloques de menor volumen.
La postura del interbloque Federal sobre el tema, nada menos que desde su posición de co-impulsores del pedido de debate, le da, en la figura de la bonaerense Graciela Camaño, la firma clave para que la oposición saque ventaja en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia.
En la primera, el FdT y JxC tienen 17 miembros cada uno, y la silla restante es la de Camaño; al igual que en Justicia, donde la exministra de Trabajo nacional es la encargada de desequilibrar entre los 15 representantes que tiene cada una de las dos fuerzas mayoritarias.
Presupuesto es la única comisión en la que el oficialismo podría conseguir que prevalezca su rechazo al cambio de sistema electoral, ya que, de sus 49 integrantes, 24 son propios y otra bancada pertenece al aliado del reformismo misionero, por lo que reúnen 25; uno más que los 24 que puede sumar la oposición entre los 23 de JxC y el representante del Gobierno de Córdoba.
Así las cosas, el oficialismo podría apostar a retacear el quórum en Presupuesto, estrategia que reglamentariamente tiene poco alcance temporal; además de que la comisión que preside Carlos Heller (FdT) ni siquiera es cabecera en el tratamiento del proyecto, ya que esa condición la ostenta Asuntos Constitucionales.
Para el momento del debate en el recinto, la oposición confía en que alcanzará el quórum de 129 y la mayoría para aprobarlo, con el antecedente de las 132 voluntades que reunió el 5 de mayo para emplazar al oficialismo a que dé inicio al tratamiento del proyecto en comisiones.
Sin embargo, las secretarías parlamentarias de los bloques que integran JxC están muy atentas a los movimientos de sus fichas: a fin de año perdieron una votación sobre Bienes Personales ante el oficialismo porque la diputada cordobesa de Evolución radical Gabriela Brouwer de Koning se fue a Disney; y en el emplazamiento sobre boleta única podrían haber sido 133, pero esa vez el viajero fue el puntano Claudio Poggi.
Mientras termina de definir si realiza el pedido de sesión especial para esta semana o para la próxima, la oposición maneja un borrador en el que cuenta los respaldos al proyecto de los 116 diputados de JxC, los ocho del interbloque Federal, los cuatro libertarios y el riojano de SER Felipe Álvarez.
Hasta allí están los 129 de base, que se ensancharían con los dos diputados de Juntos Somos Río Negro, el del Movimiento Popular Neuquino y Romina del Plá, de la izquierda; ideológicamente más cercanos al FdT, pero que en este tema puntual acompañaron a JxC y compañía.
En la resistencia, el FdT cuenta con los 118 propios, los dos del Frente Renovador Misionero y el santacruceño de SER Jorge Vidal; por lo que no alcanza a la oposición ni siquiera sumando a los tres de la Izquierda que se abstuvieron en la votación del emplazamiento.
Más allá de la casi segura media sanción, en el arco opositor miran con desconfianza lo que pueda llegar a suceder en el Senado, donde es necesario el acompañamiento de un par de integrantes del FdT para alcanzar el objetivo y, en caso de que pase esa instancia, con la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, para el caso de que, por ejemplo, la implementación se difiera a 2025.
La postura del Gobierno en este punto fue transmitida por la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, quien al exponer en el plenario de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto subrayó que «el sistema de boletas partidarias es imparcial, se basa en la fiscalización cruzada y ha dado una pacífica alternancia entre las fuerzas políticas».
En contraste, García Blanco cuestionó al método de la boleta única en papel porque -advirtió- «genera que el votante desconozca la oferta electoral completa al momento de elegir» pero además «otorga mayor exposición a las cabezas de listas, desvaloriza a la agrupación política y personaliza a los candidatos».
En cuanto a la posibilidad de que se apruebe la ley de la Boleta Única Papel pero que su aplicación se postergue a 2025, la secretaria parlamentaria del bloque PRO, Silvia Lospennato, opinó: «Creemos que hay tiempo suficiente para que la boleta se implemente desde la próxima elección; estamos convencidos de que ese tiempo existe, y además hemos escuchado en las audiencias».
«Pero en el Senado hoy los números están, porque varios senadores, incluso varios gobernadores del PJ, se han expresado a favor; y la paradoja de que el senador Guillermo Snopek, que preside la comisión de Asuntos Constitucionales, presentó en la Cámara alta este mismo proyecto que nosotros vamos a aprobar», agregó sobre la iniciativa del legislador peronista.
Para Lospennato, «podría ser que en el Senado lo aprobaran introduciendo un cambio que fije dos años para la implementación; sí podrían; pero creo que la mayoría con la que en Diputados vamos a aprobar es suficiente como para poder insistir. Entonces debería el Senado aprobar con una enorme mayoría para que el plazo sea 2025; y no sería el peor escenario, no es el que yo deseo, pero lo peor sería que lo ‘cajonearan'», completó, al dejar entrever que existe esa posibilidad.
La posible implementación para 2025, en caso de que se apruebe el proyecto, también es tema de análisis en los despachos oficialistas de Diputados, donde como fundamento sostienen que sería mejor «la regulación del aporte por boleta, discutir el financiamiento privado de las campañas electorales, revisar el funcionamiento de las PASO y discutir una reforma a la ley orgánica de los partidos políticos».
Otro de los argumentos que esgrimen desde las usinas parlamentarias del FdT es la dificultad que acarrearía el desdoblamiento en dos sistemas diferentes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, ya que siempre se realizan en forma conjunta: «El elector votaría cargos nacionales con esta boleta única y los provinciales y municipales con la tradicional: no se llega a hacerlo para 2023», sentencian.
En línea con esas advertencias, el titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Marcos Schiavi, alertó que la intención de aplicar el sistema de Boleta Única Papel traería «más riesgos que soluciones» porque implicaría hacer una «reforma muy importante, sustancial, pero sin los datos necesarios», a partir de una «discusión exprés» y con «ausencia de acuerdo entre las principales fuerzas».
