El bloque de legisladores Juntos UCR en la Unicameral cordobesa volvió a cuestionar la política de seguridad del gobierno provincial tras la sucesión de casos de “gatillo fácil” en la Policía, excesos en operativos como el ocurrido en el crimen de Jonathan Romo en La Falda, y la falta de “inversión, presupuesto y formación” en la fuerza.
Durante la sesión ordinaria del miércoles pasado en la Legislatura, la bancada opositora exigió la “inmediata renuncia” del ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera. “No podemos esperar ni una muerte más, ni un minuto más”, argumentaron en un documento que lleva las firmas de Juan Jure, presidente del bloque Juntos UCR; Marisa Carrillo, vicepresidenta de la bancada del radicalismo; además de Marcelo Cossar, Elisa Caffaratti, Patricia de Ferrari; Verónica Garade Panetta, Daniela Gudiño, Benigno Rins y Dante Rossi.
En dicho escrito, se recordó que “el ex Director General de Recursos Humanos de la Policía de la Provincia (Julio Faría), hizo públicos los datos de esta realidad que venimos denunciando: no existe inversión, presupuesto ni formación adecuada para cumplir con la seguridad de Córdoba. De 22.000 efectivos policiales, sólo 16.000 están operativos y solo entre el 10% y el 15% se encuentran capacitados”. Asimismo, mencionaron que “también se hicieron públicas las vergonzosas imágenes del inutilizado Polígono de Tiro que el gobierno mandó a limpiar luego de las declaraciones del ex jefe a cargo de la formación policial”.
¡HÁGANSE CARGO! El peronismo de #Córdoba destruyó la capacitación de la Policía en estos 23 años, por eso no hay seguridad, por eso no nos cuidan, por eso nos matan. #Inseguridad pic.twitter.com/dgOUrDAefR
— Marcelo Cossar (@cossarmarcelo) July 28, 2022
“Esta realidad, que es grave y triste, los cordobeses la vemos, la vivimos y las sufrimos. El gobierno de Córdoba en cambio la niega. Mientras no la asuma no podremos cambiarla, que es lo que necesitamos”, consideraron los parlamentarios opositores.
A continuación, advirtieron que “el método con el que gobierna Hacemos por Córdoba desde hace 24 años es la creación sistemática de organismos sin reglamentar que se quedan en el dibujo, en el esquema, en el marketing. Pero que en la realidad no funcionan”.
“La seguridad de Córdoba tiene responsables funcionales y responsables políticos. Los cambios recaen sobre los responsables funcionales de organismos que `no funcionan´ pero nunca sobre los responsables políticos. Es necesario recordar que la formación, la capacitación, los uniformes, las armas y los procedimientos son oficiales. Es decir, le pertenecen al gobierno de Córdoba”, reflexionaron.
En otro tramo del escrito, también hicieron hincapié en que “como legisladores provinciales de la oposición, hace más de dos años exigimos que el ministro de Seguridad concurra al recinto a explicar, no a nosotros, sino a los cordobeses la política de seguridad que tiene el gobierno. También hemos presentados numerosos pedidos de informes sobre la inseguridad. La respuesta fue siempre la misma: el silencio”.
“La Policía es la Policía del gobierno de Córdoba. La Seguridad, es responsabilidad funcional y política del gobierno de Córdoba. Si Hacemos por Córdoba no asume esta realidad, tenemos que concluir que los cordobeses estamos tan solos como en diciembre de 2013”, en alusión al acuartelamiento policial ocurrido ese año, concluyeron los legisladores de Juntos UCR.
