La Comisión de Acuerdos del Senado se reunirá mañana para definir el futuro de Manuel García-Mansilla, el abogado que juró en la Corte Suprema de Justicia luego ser nombrado por el presidente Javier Milei a través de un decreto. La movida impulsada por la oposición busca asestarle un duro golpe al Ejecutivo con el rechazo de la designación de García-Mansilla y de Ariel Lijo, cuyo pliego ya pasó el filtro de la comisión y se encuentra para ser tratado en el cuerpo del Senado.
La cita fue formalizada por la presidenta de la comisión, Guadalupe Tagliaferri (Pro), que incluyó en el temario de la reunión el tratamiento del pliego de García-Mansilla enviado en mayo del año pasado por el Ejecutivo, aunque desde el 27 de febrero el catedrático es miembro de la Corte Suprema “en comisión” gracias al decreto presidencial. Lijo no pudo asumir el cargo debido a que el máximo tribunal le exigió que renunciara como juez federal antes de tomarle juramento, algo que no está dispuesto a hacer.
El pliego de García-Mansilla cuenta con dos dictámenes de rechazo por haber aceptado la designación impulsada por el Poder Ejecutivo sin tener el acuerdo del Senado que establece la Constitución Nacional. El kirchnerista José Mayans y los porteños Martín Lousteau (UCR) y Tagliaferri (PRO) son los autores de esos despachos. Ambos por separado. La intención de este grupo, que tendría apoyo también en un puñado de otros senadores, es aprobar en la Comisión de Acuerdos esos dictámenes para poder llevar los pliegos de ambos jueces al recinto y darles un rechazo contundente para acabar con la polémica generada por Milei al avanzar por decreto en la designación de ambos jueces. A la iniciativa radical-PRO le falta apenas un voto para lograr el dictamen.
Sin embargo, si bien el decretazo de Milei cayó mal entre los senadores, la maniobra complica el apoyo total de los legisladores: algunos quieren salvar a García- Mansilla y otros están más interesados en rescatar a Lijo. De fondo, el Ejecutivo redobló la presión sobre los gobernadores aliados para conseguir que sus senadores respalden las candidaturas. La duda que se abre es qué sucedería si el Senado logra rechazar la designación de García-Mansilla, puesto que ya juró como miembro del máximo tribunal.
Si bien los constitucionalistas consideran que si el Senado rechaza el pliego de García-Mansilla el académico debería abandonar la Corte de inmediato, otros advierten que podría continuar como miembro del máximo tribunal hasta el 30 de noviembre, cuando vence su designación “en comisión”, ya que desde la toma de juramento “es un ministro pleno para la Corte”. La polémica está instalada.
La oposición busca voltear los pliegos de Lijo y García-Mansilla
Carrió presentó otra cautelar
A través de una presentación judicial en el juzgado de Alejo Ramos Padilla para pedir ser amicus curie (amiga del tribunal), la ex diputada Elisa Carrió denunció que el decreto de Javier Milei que nombró miembros de la Corte Suprema a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla es «inconstitucional y nulo de nulidad absoluta e insanable».
Como juez subrogante del juzgado 2 de La Plata, Ramos Padilla acumula tres pedidos de medidas cautelares para suspender y luego eventualmente declarar inconstitucional el decreto 137 de Milei, desde hace dos semanas. Un cuarto pedido de amparo, presentado por Poder Ciudadano y otras organizaciones de la sociedad civil, fue incorporado por Ramos Padilla a la causa principal.
Pese a la tardanza en la definición, los antecedentes no son auspiciosos para el Gobierno: en 2016, Ramos Padilla aceptó en 48 horas una cautelar contra un decreto del ex presidente Mauricio Macri que frenó la designación por decreto de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en el máximo tribunal del país, obligándolos a pasar por el trámite ordinario en el Senado.
En su presentación, Carrió afirmó que “la designación realizada por decreto viola de manera directa la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional y los principios esenciales del sistema republicano, como la independencia judicial y la división de poderes”. “La Constitución establece un procedimiento especial y reforzado para designar a los jueces de la Corte Suprema, que exige acuerdo del Senado por dos tercios de los miembros presentes en sesión pública. En cambio, Milei usó una norma excepcional que permite cubrir provisoriamente otros cargos, como embajadores o jefes militares, solo cuando la vacante ocurre durante el receso legislativo”, afirmó la dirigente de la Coalición Cívica en su presentación. “Por ello, no es aplicable a la Corte Suprema, cuyos miembros deben ser designados mediante el procedimiento constitucional específico”, completó.
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