El oficialismo provincial reiteró en la Cámara de Diputados el reclamo por la deuda de 710.000 millones de pesos que la Nación mantiene con la Caja de Jubilaciones de Córdoba. En ese sentido, las autoridades de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) respondieron que impulsarán la realización de auditorías para analizar el estado de situación de cada una de las 13 jurisdicciones afectadas que no transfirieron sus cajas previsionales, entre ellas Córdoba.
Puntualmente, la gestión de Martín Llaryora vienen solicitando el pago de un pasivo acumulado de $ 540.000 millones, que se compone del cese de los envíos de la administración de Alberto Fernández, que congeló en algo más de $ 1.000 millones mensuales los recursos para la Caja cordobesa. Además, hay otros $ 170.000 millones que se acumulan por los 10 meses de gobierno de Milei, a razón de algo menos de $ 18.000 millones mensuales de enero a la fecha.
Sobre el particular, el diputado nacional por el bloque Encuentro Federal en representación de Córdoba, el llaryorista Ignacio García Aresca, explicó que durante la reunión del martes pasado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, donde el titular de la Anses, Mariano de los Heros, concurrió para defender la “ley de leyes” 2025 de Javier Milei, “efectivamente, se hizo el planteo de la deuda pasada y de la actual, y se nos contestó que hay que hacer una auditoría”.
“El dinero que está contemplado en el proyecto es absolutamente insuficiente y no contempla las deudas que tiene la Nación con las provincias. Córdoba es la que más acreencias tiene por este tema”, señaló García Aresca, secretario de la mencionada comisión.
La postura del gobierno libertario sobre la deuda y los envíos frenados es clara y no marca cambios respecto de lo que viene sucediendo en el año en curso: “no hay plata”. En el Presupuesto 2025 no están garantizadas partidas para esos destinos. Sólo hay una referencia concreta en el artículo 59 del proyecto que dispone de un crédito de $ 254.421 millones al respecto.
Además del frente legislativo, en la Provincia miran de reojo el planteo que está desde hace meses en la Corte Suprema de Justicia sobre la deuda que mantiene Nación con los distritos. Se trata de una acción conjunta entre las provincias de Santa Fe y de Entre Ríos.
