La discusión de la llamada Ley ómnibus en la Cámara de Diputados entró ayer en un cono de oscuridad e incertidumbre cuando se conoció que el dictamen aprobado en la comisión bicameral en la madrugada de este miércoles -que el oficialismo planeaba llevar al recinto la próxima semana-, se siguió modificando luego de su firma en una reunión privada entre los operadores oficiales con un grupo selecto de diputados “dialoguistas” y el economista Federico Sturzenegger, donde se le hicieron cambios centrales al proyecto rubricado horas antes.
El escándalo se desató cuando el diputado cordobés Carlos Gutiérrez (Hacemos Coalición Federal) denunció por redes sociales que se realizaron modificaciones sustanciales al capítulo referido a los biocombustibles luego de que hubiera sido firmado el dictamen, “que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron”, en una clara violación de las normas legislativas. Pero los cambios en el dictamen no se agotan allí: el diputado Agustín Domingo (Innovación Federal) denunció que el texto que se difundió horas después de la firma del volvió a incluir la derogación del régimen diferencial de tarifas para usuarios residenciales de gas por zona fría, cuya eliminación había sido prenda de negociación con su bloque.
Su par cordobés Oscar Agost Carreño (HCF) ratificó luego que el miércoles a la mañana fue invitado por el secretario parlamentario de la Cámara, Cristian Caram (LLA), a una reunión a su departamento donde se estaban realizando cambios al proyecto firmado horas antes, con Sturzenegger. “Yo fui a una de las reuniones y cuando vi quiénes estaban ahí y qué punteos estaban haciendo la verdad que me retiré”, aseveró Argot Carreño, quien explicó que “nosotros no hacemos punteos ni tocamos un dictamen” ya firmado. “Realmente no sé técnicamente cuál es el dictamen que pretenden llevar al recinto”, admitió el legislador, quien consideró que “es tal el desorden al que nos somete este Gobierno que todo se vuelve inexplicable”. “No voy a votar ni retenciones, ni una fórmula que haga que los jubilados sufran la erosión de sus haberes (…). No vemos que el Gobierno este abriendo un juego político sano”, completó.
“Ninguno de los 55 diputados que firmaron el dictamen del oficialismo conocía lo que estaba firmando. Es un tema grave institucional y políticamente”, señaló a su vez el peronista Germán Martínez (UxP), quien explicó que el texto “apareció firmado por las autoridades de las comisiones” 14 horas después de haber sido aprobado.
En ese clima de confusión extrema, el oficialismo pretendía ayer reencauzar la negociación con los bloques “dialoguistas”, cuando el presidente Javier Milei sumó tensión al amenazar nuevamente a los gobernadores con cortarles los fondos -e incluso con investigarlos judicialmente- si no aprueban el dictamen. Por cierto, todo el proceso podría ser judicializado, pues algunos diputados de la oposición consideran que es irregular: fuentes de la Coalición Cívica revelaron incluso que Elisa Carrió analiza la posibilidad de presentar una denuncia penal.
Como fuera, la aprobación de la iniciativa se le volvió a complicar al oficialismo, que pretende mantener todos los cambios incluidos de manera subrepticia y las subas de las retenciones –así como también el ajuste de los haberes jubilatorios-. “Todos los acuerdos a los que se han llegado con los bloques que han llevado a este dictamen de mayoría contemplan la máxima capacidad de cesión que tiene el Gobierno”, advirtió empero ayer el ministro del Interior, Guillermo Francos. “El Gobierno debe saber que tiene una base negativa de casi 100 votos, que pertenecen al kirchnerismo, sumados los de la izquierda llegan a 104. Tampoco van a pensar que los tres tucumanos que se fueron de UxP le van a votar todos los artículos. Están a 25 votos de perder la ley”, sintetizó en Clarín un importante diputado de la oposición “dialoguista”.
“Los voy a dejar sin un peso”, advirtió Milei
El presidente Javier Milei salió a amenazar explícitamente ayer a los gobernadores con cortarles los fondos a las provincias si no aprueban la Ley ómnibus en el Congreso de la Nación, e incluso anunció que prepara una “medida judicial” si el paquete de reformas no avanza. En la reunión matutina de Gabinete, Milei le transmitió a sus ministros que “si la ley no se aprueba, las más perjudicadas van a ser las provincias”.
“Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos”, advirtió en algún momento, e incluso el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó en la reunión que “si esta ley no llega a buen puerto se va a seguir ajustando el gasto público de todas las maneras alternativas que haya, incluyendo las partidas que se asignan a las provincia”.
La referencia es a los desembolsos por fuera de la masa coparticipable –como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)-, que igualmente se derrumbaron en enero: hasta ahora, estas transferencias discrecionales a las provincias fueron de $60.000.000 contra $37.000 millones del mismo período del año pasado. Pero además el Gobierno anunció luego que creará una “fiscalía especial” para investigar la corrupción: “Incluirá a todos los funcionarios públicos nacionales y provinciales, tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo”, advirtió el vocero Manuel Adorni.
